Los cambios en la fórmula de financiación municipal de los programas de educación de adultos han dejado a algunas organizaciones comunitarias con décadas de experiencia sin contratos para seguir impartiendo sus clases—por el momento. Seis organizaciones que no recibieron financiación informaron de listas de espera con miles de personas.

Este artículo se publicó originalmente en inglés el 8 de agosto. Traducido por Daniel Parra. Read the English version here.

En las próximas dos semanas, Tiziana Perkins espera aprobar el último examen de ciencias que le queda pendiente para obtener un diploma a través de un programa de equivalencia de escuela secundaria (HSE por sus siglas en inglés) en St. Nicks Alliance, una organización que atiende a neoyorquinos de ingresos bajos y moderados en Brooklyn.

“Me graduaré en agosto”, dijo sonriente Perkins, de 38 años, a través de una llamada por Zoom. “En cuanto al programa, me ayudó a ganar más confianza; a creer en mí misma y a tener una red que llevaba mucho tiempo buscando”.

Perkins ingresó al programa de HSE en septiembre de 2023. Su objetivo es convertirse en flebotomista y obtener un título en el campo de medicina. “En cuanto a mi graduación, me ayuda a motivarme para ir más allá de mis límites, y saber que soy capaz de lograr lo que quiero lograr en cuanto a mis metas”, agregó.

Durante años, el Departamento de Juventud y Desarrollo Comunitario (DYCD por sus siglas en inglés) de la ciudad ha trabajado con organizaciones comunitarias e instituciones educativas para desarrollar un sistema de alfabetización de adultos para neoyorquinos mayores de 16 años, ofreciendo una serie de clases de alfabetización, inglés, matemáticas y otras materias.

Pero aunque el presupuesto global para estos programas ha crecido en los últimos años, los cambios en la forma en que la ciudad concede los fondos ha dejado fuera recientemente a muchos proveedores experimentados, que dicen haber establecido relaciones y confianza con las comunidades a las que sirven.

Al menos seis organizaciones que antes ofrecían estos servicios vieron recortada su financiación con el inicio del nuevo año fiscal en julio, lo que obligó a algunas a cancelar programas y despedir personal. Entre ellas figura el programa de educación de adultos de St. Nicks Alliance, que desde entonces imparte clases sin financiación.

“Sin esta financiación”, afirma Larry Rothchild, director general de desarrollo de St. Nicks, “los miembros más marginados de la comunidad corren el riesgo de no lograr la estabilidad económica necesaria para obtener el título de secundaria y trabajar para conseguir un empleo y [una] carrera profesional”.

En los dos últimos años fiscales, el presupuesto base para los programas de alfabetización de adultos del DYCD se fijó en $11.8 millones de dólares, que se otorgan a las organizaciones de base comunitaria que optan por contratos a través de requests for proposals (convocatoria de propuestas o RFP por sus siglas en inglés). El año fiscal, que finalizó el 30 de junio, incluyó fondos adicionales para estos programas, por un total de $16 millones de dólares.

Tras una ardua lucha durante las negociaciones presupuestarias de este año, los defensores y legisladores consiguieron $27 millones de dólares—incluida una aportación única de $10 millones de dólares financiada por el Concejo de la ciudad—para el año fiscal 2025, que comenzó el 1 de julio.

Para este lote de fondos, el DYCD utilizó una nueva fórmula para su RFP centrada en organizaciones dentro de Neighborhood Tabulation Areas (áreas de tabulación de barrios o NTA por sus siglas en inglés), que son áreas con bajo dominio del inglés y logros educativos y altos índices de pobreza, según los datos del censo.

Según las nuevas normas, se da prioridad a las organizaciones comunitarias dentro de una NTA y sólo una organización dentro una NTA puede obtener fondos. Si bien los proveedores afirman que el nuevo lenguaje de la convocatoria luce bien en teoría, en la práctica, sostienen, simplifica en exceso las complejidades y matices de los programas de alfabetización de adultos, que por definición atienden a personas económicamente desfavorecidas.

“El énfasis excesivo del RFP en las NTA parece haber desfinanciado a agencias de alto rendimiento con inscripciones completas y listas de espera de la población objetivo, mientras que ha dado lugar a NTA en las que no se ha adjudicado ningún contrato a ninguna agencia”, dijo John Hunt, decano adjunto de LaGuardia Community College para programas académicos preuniversitarios, cuyas clases se encuentran entre las afectadas.

Además, los proveedores argumentaron que la nueva convocatoria no tenía en cuenta las necesidades de los miles de inmigrantes y solicitantes de asilo que han llegado a la ciudad desde 2022.

El DYCD no respondió directamente a esta crítica, pero argumentó que los datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense en los que se basa la nueva fórmula son “la encuesta nacional más completa disponible en la actualidad”, para dar cuenta de cómo la pobreza y otros indicadores de necesidad han cambiado en la última década. Cuatro de las 50 organizaciones con contratos adjudicados hasta ahora son nuevos proveedores, según el DYCD.

Anteriormente, el DYCD ha defendido el sistema argumentando que le permite ampliar su alcance a más barrios. “La administración Adams se ha comprometido a llevar la equidad a todos los neoyorquinos, dijo el Comisionado del DYCD Keith Howard en un comunicado a finales de junio, “razón por la cual el DYCD desarrolló una nueva fórmula con un RFP que incorporó las tasas de pobreza y amplió los programas de educación básica para adultos recientemente a comunidades como East Harlem, Concourse Village y Soundview”.

Durante las últimas semanas, la ciudad ha estado notificando a las organizaciones comunitarias seleccionadas. Siete de las 57 convocatorias todavía están esperando una decisión, dijo DYCD. El portavoz no precisó cuándo se completarán todas las designaciones, añadiendo que el calendario de cada solicitud depende de diversos factores y que el proceso sigue unas directrices establecidas.

Este retraso en la notificación, a su vez, también está retrasando la asignación de $10 millones de dólares a programas que no fueron seleccionados en forma de financiación discrecional del Concejo de la ciudad, que está tratando de ayudar a tapar el agujero, de acuerdo con un portavoz de la presidenta del Concejo Adrienne Adams.

No está claro cuántos proveedores han sido rechazados, aunque seis que no fueron seleccionados para financiación dijeron a City Limits que tenían listas de espera con cientos de personas, con más de dos mil futuros estudiantes.

Como el año fiscal finalizó en junio, estas organizaciones se encuentran actualmente en una encrucijada sopesando si cerrar del todo sus programas o estirar unos pocos dólares para seguir prestando el servicio, sabiendo que no es sostenible a largo plazo.

Johan Lopez, director de servicios para adultos e inmigrantes de Sunnyside Community Services, en Queens, explicó que no ser seleccionados diezmó sus programas, financiados en un 98 por ciento por el DYCD. La organización se vio obligada a despedir cuatro empleados a tiempo completo y nueve instructores.

“Tuvimos 39 clases”, en el año fiscal 2024, dijo López en una entrevista a través de Zoom. “Este año, tal y como están nuestros fondos, podremos ofrecer tres clases”.

Monica Guzman, directora ejecutiva adjunta de Sunnyside, afirma que se han puesto en contacto con donantes privados para recuperar parte de los fondos perdidos. También esperan conseguir algunos de los $10 millones de dólares adicionales conseguidos por el Concejo.

“Va a llevar mucho tiempo volver a construir este programa, realmente estamos esperando a saber qué va a hacer el Concejo con esos $10 millones de dólares”, dijo Guzmán a través de Zoom.

El Center for Immigrant Education and Training de LaGuardia Community College, que imparte clases de alfabetización para adultos, perdió también toda su financiación del DYCD el 1 de julio, lo que supone una pérdida de 145 plazas.

“Algunos de esos estudiantes esperaban volver al campus en otoño para seguir avanzando en nuestros niveles intermedios-bajos de ESOL [inglés para hablantes de otros idiomas], por lo que sus itinerarios educativos se ven interrumpidos”, explica Hunt.

El Mercy Center es otra organización sin fondos: de 38 clases ofrecidas el pasado año fiscal —y unos 2.150 estudiantes de ESOL matriculados— pasó a sólo tres este año fiscal, para apenas 200 estudiantes.

Hasta ahora, el Mercy Center ha despedido a 10 empleados del programa ESOL y espera despedir a más si no se restablecen los fondos, dijo Judit Criado Fiuza, directora de educación de adultos, inmigración y desarrollo. Agudath Israel of America, otro proveedor con sede en el bajo Manhattan, aconsejó a sus profesores que solicitaran el subsidio de desempleo y suspendieron todas las clases hasta nuevo aviso.

Anna Kaganova, directora de subvenciones del Center for Family Life, explica que su organización está a media cuadra del NTA en Sunset Park, pero no fue seleccionada.

“Todavía no hemos recibido noticias del DYCD sobre por qué no nos han seleccionado para el programa”, dijo Kaganova. “Pero la adjudicación de un único contrato por NTA nos parece un modelo restrictivo”.

“Atendemos a mucha gente de la NTA que solicitamos, pero no estamos directamente ubicados en ella”, añade. “Pero también atendemos a mucha gente de fuera de esa NTA en el sentido más amplio de nuestra comunidad”.

Los problemas de financiación se producen cuando los proveedores de estos programas han visto aumentar la demanda de clases, especialmente después de que más de 210.000 nuevos inmigrantes llegaran a la ciudad en los últimos dos años, 64.300 de los cuales permanecen en el sistema de refugios.

Jude Pierre, gerente de programas del Adult Literacy Center de CAMBA, explicó que tuvieron que cerrar la inscripción para las clases de inglés desde el invierno de 2023 hasta la primavera de 2024, mientras recibían unas 100 solicitudes por día.

“Volvimos a abrir temporalmente la inscripción para las clases de inglés justo antes de este verano”, escribió Pierre en un correo electrónico, diciendo que tienen una lista de espera de casi mil personas. “Como no tenemos tantas clases como antes, nos vimos desbordados bastante rápido y tuvimos que volver a cerrar la inscripción”.

“Hemos observado un aumento significativo en el último año de estudiantes de inglés recién llegados que solicitan servicios ESOL en el campus”, explicó Hunt, de LaGuardia. “Muchos de esos solicitantes son recién llegados a la ciudad y necesitan servicios de alfabetización de adultos de nivel básico; todos son neoyorquinos con bajos ingresos que solo hablan inglés básico, si es que lo hablan”.

Sin fondos adicionales, dijo Hunt, los solicitantes del programa ESOL de LaGuardia permanecerán en lista de espera durante más de un año. Hizo hincapié en que los que no pueden acceder a clases de ESOL o GED se enfrentan a mayores barreras para la participación cívica, la educación de sus hijos, el acceso a la educación post-secundaria, y formación profesional.

“En el año fiscal 2024 matriculamos a más de 2.000 estudiantes, todos ellos inmigrantes con bajos ingresos, el 75 por ciento de los cuales tenían problemas críticos de vivienda”, explicó Criado Fiuza, de Mercy. “La demanda era tal que podríamos haber matriculado el doble de estudiantes si hubiéramos tenido los fondos y el espacio”. 

Aún así, los proveedores esperan que los fondos adicionales del Concejo les permitan volver a dar vida a sus programas para adultos.

“Gracias a estos $10 millones de dólares adicionales”, dijo Pierre, “a partir del otoño podrán ofrecerse más clases de inglés en toda la ciudad. Esperamos que CAMBA esté entre los proveedores de servicios considerados para la financiación”.

Para ponerse en contacto con el reportero de esta noticia, escriba a Daniel@citylimits.org. Para ponerse en contacto con la editora, escriba a Jeanmarie@citylimits.org.

Voters will choose among candidates for county board seats in Ramsey, Dakota and Washington counties in Tuesday’s primary election.

Candidates in District 7 in Ramsey County, District 5 in Dakota County and District 3 in Washington County will compete to move forward to the Nov. 5 general election. The top two vote-getters in the primary will advance. Last month a forum was held for Washington County candidates.

For more information on Minnesota’s primary election go to sos.state.mn.us/elections-voting/how-elections-work/primary-election/.

Here’s a roundup of the candidates:

Ramsey County

In District 7, four candidates have filed to run for a commissioner seat. They are Kevin “KB” Berglund who can be reached at treehuggerhabitat@gmail.com; Kelly Miller, whose information is available at votekellymiller.com; Sarah K. Yang at votesarahyang.com; and Michelle Yener at michelleyener.com.

Dakota County

In District 5, there are four candidates. They are Yusuf Haji whose information is available at hajifordakota.org; Bruce Johnson at presidentbruce@yahoo.com; Phillip “Phil” M. Sterner at phill.sterner@gmail.com; and Liz Workman at towo1225@yahoo.com.

Washington County

In District 3, there are four candidates. They are Bethany Cox whose information can be found at www.bethanycox.org; Scott “Cutter” Junker at CutterJunker@yahoo.com; Michael Schultz at MichaelSchultz41@gmail.com and Mark Wiens at wiens4washco.com.

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Legal service providers who aid tenants through the city’s Anti-Harassment Tenant Protection (AHTP) program say their efforts are being diminished by recent city contract cuts, which saw their funding for the next three years slashed by more than $25 million.

Lizbeth Hoyos was born and raised in the East Harlem apartment she still lives in today. Over those more than three decades, the building on East 103rd Street has “had lifelong issues.”

“We went through many, many complaints throughout the years regarding individual apartments that went ignored and…just the building overall,” she said.

But this past spring, they finally began to see some changes, after Hoyos and her neighbors—with the help of the advocacy group Community Voices Heard, and tenant lawyers with the The Legal Aid Society and Legal Services NYC (LSNYC)—filed a lawsuit against their current landlord, alleging unlawfully-handled security deposits and unaddressed repairs. 

The tenants were connected with the legal help through the city’s Anti-Harassment Tenant Protection (AHTP) program, launched in 2016 to aid low-income renters with issues like illegal rent hikes and dangerous building conditions. 

“They’ve been certainly a very, if not the most useful tool that we’ve had so far in our fight,” Hoyos told City Limits. She and her neighbors—primarily immigrant New Yorkers and Spanish speakers—now hold regular tenant meetings, and their building owner has made some fixes, including repairs to their stairs, door locks and the intercom system. 

“Without them, we definitely wouldn’t be in the position that we are in now to actually get these repairs to be done,” she said of the tenant lawyers and organizers they’ve had access to through the program. 

But the organizations that perform this work under AHTP, who are members of a group of service providers called the LEAP Coalition, say their ability to help renters is being diminished by recent city contract cuts, which saw their funding for the next three years slashed by more than $25 million. 

In Fiscal Year 2025 alone, which kicked off July 1, the groups’ funding was reduced by 19 percent, from $42,927,830 to $34,817,330, a Department of Social Services (DSS) spokesperson confirmed—a roughly $8.1 million loss.

According to DSS, the changes were made in order to shift additional funds to providers doing work under the city’s Right-to-Counsel program, which connects low-income tenants facing eviction with free legal representation in housing court. That initiative, passed by city lawmakers in 2017, has never been funded enough to cover everyone eligible for it. 

The most recent Right-to-Counsel contract awarded $149 million to legal organizations doing this work in Fiscal Year 2025, up from a previously planned $136 million, according to DSS. That boost allowed the city to double its number of anti-eviction service providers in Queens (from three to six) and add a new provider in the Bronx, a spokesperson said.

But LEAP Coalition members, while acknowledging the importance of Right-to-Counsel, said expanding it at the cost of AHTP is short-sighted. The two initiatives tackle different types of work, they argued, with AHTP taking more proactive actions against landlords to improve building conditions and protect tenants from ending up in housing court in the first place.

“It’s like the upstream of how to keep people out of housing court so that they are not in eviction proceedings,” said Ami Shah, deputy director of citywide housing and legal services at LSNYC. 

Since the state strengthened protections for rent stabilized tenants in 2019, more landlords have been engaging in harassment and “harsher tactics that are not through the court system,” Shah added, such as illegal rent increases or letting buildings fall into disrepair. 

“This work really allows us to fight that, and build tenant power and keep low-income families out of shelters, in their homes, in the communities they’ve been living [in], so much earlier than at the point when they’re already in eviction court,” Shah said.

That type of preventative work is less expensive than the cost of homeless shelter beds, LEAP providers argue. The city’s shelter population has more than doubled over the last two years—an increase that includes tens of thousands of migrants and asylum seekers—with more than 146,000 people in shelter at the end of June. 

AHTP’s work also allows for broad impact. Attorneys under the program often work to compel landlords to make building-wide repairs, and maintain good conditions for tenants in the city’s aging affordable housing stock.

“Oftentimes, when you’re bringing a case about repairs, you can represent 10 people in a building when those repairs get made. That helps all 70 people that live in that building, whether or not they are directly represented by you or not,” Shah said.

The LEAP Coalition’s members, whose work is coordinated by the organization TakeRoot Justice, are urging the Adams administration to restore the lost funding. They were only notified of the cuts at the end of June, roughly a week before the new contracts were going into effect, and many organizations had already hired staff and inked deals with partnering agencies to get the work done.

The reductions come as Mayor Eric Adams campaigns to pass his City of Yes for Housing Opportunity plan, a series of zoning reforms to spur new residential construction and fill the city’s housing shortage. 

Part of that fight, says Christine Clarke, chief of litigation and advocacy at LSNYC, is preserving the city’s existing affordable housing—what AHTP providers do in their efforts to stop landlords from de-regulating a rent stabilized homes, displacing tenants or ignoring repairs.

“It just shows a lack of actual big picture strategy of how to address the affordability crisis,” Clarke said. “We’re there, taking a front-row seat and working in the communities where people are experiencing this.”

To reach the reporter behind this story, contact Jeanmarie@citylimits.org

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After a day off Thursday, the Twins absorbed a lot of news before starting a crucial double-header against the Guardians on Friday at Target Field.

Most of the news was bad.

Specifically, right-hander Joe Ryan was placed on the 15-day injured list with a Grade 2 strain to his teres major, a slim muscle on the inside of the shoulder. A magnetic resonance imaging exam revealed the injury on Thursday.

The Twins had hoped the injury, initially diagnosed as a triceps strain, would be something short-term. Instead, manager Rocco Baldelli said, recovery will be more in the “weeks to months” range.

“Joe has a legitimate strain and it’s something that has to heal,” Baldelli said. “It’s going to need time to heal up, and he’ll do everything he can to get himself right and get back, but this is going to be a little while.”

To take his place on the active roster, the Twins called right-hander Scott Blewett up from Class AAA St. Paul. Blewett, 28, hasn’t pitched in the majors since making three relief appearances for Kansas City in 2021. Signed to a minor league contract in January, he was 5-2 with a 3.66 earned-run average in 36 appearances (three starts) with the Saints.

Asked if Ryan will miss the rest of the season, Baldelli said, “We’re far from making any declarative statements on Joe.”

“Joe’s going to get a second opinion,” the manager added. “We’re very early in this, but we know what the MRI says so we’re going to have to see how the coming weeks go before we can know anything, probably.”

More bad news, if not unexpected, Brock Stewart — a lights-out reliever for Minnesota when healthy the past two seasons — will have arthroscopic surgery on his right shoulder and miss the rest of the season.

Rookie Brooks Lee, whose defense and switch-hitting had found him a consistent spot in the lineup, was placed on the 10-day injured list with biceps tendinitis. He has been playing through pain and icing after games but “came in today and said basically his shoulder is just killing him,” Baldelli said.

To take Lee’s place on the active roster, the Twins activated Kyle Farmer from the injured list and put him immediately into the lineup for Game 1. He will play second base and bat ninth.

Briefly

Oakldale’s Louie Varland was recalled from St. Paul as the 27th man for Friday’s double-header and will start Game 2, set for a 7:10 p.m. first pitch. Bailey Ober will start the 1:10 p.m. game.

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