Una semana después de que agentes federales detuvieran a vendedores en Canal Street durante una redada de inmigración, los vendedores ambulantes se unieron a los repartidores de comida para exigir mejores condiciones y más protección en sus sectores, en los que hay una gran presencia de inmigrantes.

Repartidores de comida y vendedores ambulantes se manifestaron frente a la alcaldía el 29 de octubre de 2025. (Gerardo Romo / NYC Council Media Unit)

Este artículo se publicó originalmente en inglés el 31 de octubre. Traducido por Daniel Parra. Read the English version here.

Una semana después de que agentes federales arrestaran a vendedores en Canal Street en una redada de inmigración, los vendedores ambulantes se unieron con los repartidores de comida durante una manifestación el 29 de octubre para exigir mejores condiciones y protecciones en sus sectores, donde hay una alta presencia de inmigrantes.

Aunque las protecciones que solicita cada grupo no los protegerán de las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), los defensores de ambos grupos afirman que las políticas municipales —aplicadas por la policía de Nueva York mediante la imposición de multas criminales—, han puesto a los repartidores y vendedores ambulantes en el radar de las autoridades de inmigración.

Después de que el director de ICE, Todd Lyons, anunciara que se producirán “más detenciones” en la ciudad, estos trabajadores se preparan para lo que está por venir.

“El momento es ahora”, dijo Mohamed Attia, director general del Street Vendor Project, durante la manifestación frente a la alcaldía el 29 de octubre. “Porque son nuestros repartidores de comida y vendedores ambulantes los que están siendo atacados como nunca antes”.

Durante la manifestación del miércoles, los defensores y trabajadores de estas industrias pidieron al Concejo Municipal que apruebe una serie de proyectos de ley en las pocas sesiones que le quedan este año, incluida una legislación que prohíba a las aplicaciones de reparto desactivar las cuentas de los trabajadores sin causa justificada.

Con la desactivación, la cuenta de un trabajador se cancela de forma permanente. Los repartidores y los defensores afirman que no existe una definición clara de lo que provoca una desactivación, más allá de las infracciones graves.

“Por favor, aprueben estos proyectos de ley”, dijo Cellou Balde, repartidor del grupo Los Deliveristas, durante la manifestación. “La gente de Nueva York se queja a menudo de los repartidores. Conducimos rápido. Entendemos la preocupación, pero a menudo no tenemos otra opción. Debemos correr el riesgo de repartir rápidamente, a menudo en plazos imposibles, para no perder el trabajo que tenemos. La desactivación es un gran problema para nuestra comunidad, porque este trabajo es nuestro medio de subsistencia”. 

Instacart no respondió a la solicitud de City Limits de comentar sobre el proyecto de ley y sus políticas de desactivación. Grubhub afirma que ha estado trabajando con Los Deliveristas Unidos y el Concejo para que su proceso sea transparente. La empresa criticó el proyecto de ley del Concejo, alegando que le quitaría la capacidad de actuar con rapidez para hacer cumplir sus normas, lo cual es esencial para la seguridad pública.

“Tal y como está redactado, el proyecto de ley Intro 1332 obligaría a las plataformas a mantener activos a los repartidores a pesar de los graves problemas de seguridad o servicio y podría exponer información confidencial de los clientes, poniendo en riesgo a comensales, trabajadores de restaurantes y otros repartidores”, afirmó un portavoz de Grubhub en un comunicado.

Kassandra Pérez-Desir, directora de relaciones gubernamentales de DoorDash en Nueva York, citó preocupaciones similares en materia de seguridad. “Estamos de acuerdo en que las desactivaciones deben ser poco frecuentes y gestionarse de forma justa, pero este modelo es perjudicial para todos los que dependen de una plataforma segura. El Concejo debería buscar modelos probados que equilibren mejor la equidad y la responsabilidad”.

Uber afirmó que apoya la idea principal de la nueva ley, pero no los detalles tal y como están redactados. “El proyecto de ley debe centrarse en los trabajadores que han perdido de forma permanente el acceso a las aplicaciones de reparto”, afirmó un portavoz de Uber en un comunicado, en referencia a otra práctica de ‘bloqueos’, que impide a los trabajadores utilizar las aplicaciones en determinados momentos.

El proyecto de ley del Concejo también abordaría los bloqueos, utilizando una definición amplia de “desactivación” como restricción permanente o temporal del acceso a la aplicación.

“Dado que a los repartidores se les paga por todo el tiempo que pasan en la aplicación, y no solo cuando realizan una entrega, las empresas de aplicaciones deben controlar los costes limitando el número de personas que pueden trabajar simultáneamente, al igual que cualquier otro negocio. De lo contrario, miles de trabajadores podrían estar conectados y cobrando cuando hay poca o ninguna actividad de reparto, lo que aumentaría significativamente los costes para los consumidores”, afirmó un portavoz de Uber en un comunicado.

Otro conjunto de proyectos de ley reformaría la venta ambulante en la ciudad ampliando las licencias y, en última instancia, eliminando el límite máximo que se ha mantenido durante mucho tiempo, lo que, según los trabajadores, les ha dificultado operar legalmente (el Concejo aprobó recientemente una ley, anulando el veto del alcalde, que despenaliza la venta ambulante, algo que los vendedores llevaban mucho tiempo reclamando).

Los proyectos de ley también crearían una división de vendedores dentro del Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas, aumentarían el número de solicitudes disponibles para que se expidan cada año las 445 licencias de supervisión máximas y permitirían vender más lejos de la acera.

Vendedores ambulantes cerca de la estación de la línea 7 del metro en Junction Boulevard, Queens, en 2024. (Adi Talwar/City Limits)

La medida se produce después de que la administración de Eric Adams intensificara la criminalización en los sectores de reparto de comida y venta ambulante. Durante la primavera, la policía de Nueva York dejó discretamente de poner multas de tráfico civiles a los ciclistas y ahora expide multas criminales. Además, el 24 de octubre, la ciudad de Nueva York implantó un límite de velocidad de 15 millas por hora para las bicicletas eléctricas y las bicicletas comerciales con asistencia al pedaleo.

Cuando se anunciaron los cambios, el alcalde Adams dijo que la ciudad adoptaría un enfoque basado primero en la educación y luego en las multas, emitiendo advertencias a los infractores por primera vez. “Para que quede claro, no se trata de criminalizar, sino de crear condiciones más seguras y justas para todos los neoyorquinos”, dijo Adams.

Aunque la policía de Nueva York está emitiendo advertencias por el momento, cuando City Limits preguntó, no dijo exactamente cuándo comenzará a emitir multas criminales.

Sin embargo, los defensores y los repartidores criticaron el nuevo límite de velocidad porque supondría un mayor control de la industria, compuesta principalmente por inmigrantes que ya viven con miedo debido a la represión del gobierno de Trump. También culpan a las aplicaciones, afirmando que los trabajadores se ven presionados para realizar las entregas lo más rápido posible.

“[Intro] 1332 trata de garantizar que los repartidores, unos 80.000 en la ciudad, tengan protecciones, asegurándose de que las aplicaciones… no despidan ni castiguen a los repartidores por querer conducir de forma segura, por querer priorizar su seguridad y por optar por quedarse en casa en caso de una redada de ICE”, dijo Ligia Guallpa, directora ejecutiva de Workers Justice Project, la organización sin ánimo de lucro que respalda a Los Deliveristas Unidos, durante la manifestación.

Gabriel Montero, director de desarrollo y comunicaciones del Workers’ Justice Project, dijo que las empresas de aplicaciones han desactivado cientos de cuentas de trabajadores en un mes, dejando a muchos con miedo a perder sus puestos de trabajo.

El concejal Christopher Marte, que representa a la zona de Chinatown, donde tuvo lugar la reciente redada de inmigración, criticó a sus compañeros concejales que aún no han apoyado los proyectos de ley.

“En el Concejo hay ahora mismo hipócritas”, dijo Marte. “Son muy rápidos a la hora de hacer declaraciones, pero aún no han firmado estos proyectos de ley que llevan meses sobre la mesa. Cuando un repartidor sufre un accidente, se lesiona o, en ocasiones —lamentablemente— fallece, nos apresuramos a redactar un comunicado. Nos apresuramos a organizar una manifestación. Sin embargo, no nos apresuramos a celebrar una audiencia y una votación que realmente proteja a nuestros trabajadores”.

Julia Agos, portavoz del Concejo Municipal, dijo en un comunicado que “los proyectos de ley adicionales sobre la venta ambulante siguen su curso en el proceso legislativo, que es deliberativo y permite una amplia participación pública”.

Repartidores de comida, fotografiados aquí en una rueda de prensa celebrada en 2022 con concejales. (John McCarten/NYC Council Media Unit)

Sin abogados que acepten nuevos casos

Al trabajar en la calle ambos grupos corren un riesgo especial de ser blanco de las redadas de ICE. Pero cuando estos trabajadores son arrestados, junto con otros inmigrantes de la ciudad, es difícil encontrar —o pagar— un abogado que los represente y defienda su caso mientras están detenidos.

Este año, la ciudad de Nueva York asignó más fondos para servicios legales de inmigración en su presupuesto más reciente, aprobado en junio, pasando de $65 millones de dólares a $120 millones, en respuesta a la campaña de represión de la administración Trump.

Sin embargo, varios meses después del inicio del nuevo año fiscal en julio, los defensores de los inmigrantes informaron que, a pesar de la inyección de fondos, sigue siendo muy difícil encontrar un abogado.

Algunos proveedores de servicios legales, como The Bronx Defenders y Brooklyn Defender Services, afirmaron que la financiación no debería ser de solo un año, haciendo hincapié en la necesidad de un apoyo sostenido, ya que muchos casos de inmigración tardan años en resolverse.

“A pesar de estas inversiones, la necesidad sigue creciendo y evolucionando en Bronx Defenders. Recibimos regularmente llamadas de personas que buscan representación para trámites de ICE, naturalización y otras solicitudes de estatus, casos sin detención, post condena, ayuda o representación federal”, declaró Rosa Cohen-Cruz, directora de política de inmigración de Bronx Defenders, en una audiencia del Comité de Inmigración del Concejo a finales de octubre.

Funcionarios de la Oficina de la Alcaldía para Asuntos del Inmigrante explicaron que algunas de las lagunas en la representación legal también se dan cuando un detenido es trasladado fuera del estado, una práctica habitual de la administración Trump.

Las organizaciones de base que prestan servicios a los inmigrantes neoyorquinos afirman que no disponen de los recursos necesarios para ofrecer representación legal a todos aquellos que la solicitan. 

“En estos momentos, la ciudad de Nueva York está fallando a nuestras comunidades de inmigrantes en lo que respecta al acceso a los servicios legales. No hay abogados que acepten nuevos casos. El sistema está completamente desbordado”, afirma Adama Bah, directora ejecutiva y fundadora de Afrikana.

“Los migrantes negros están quedando rezagados en un sistema que nunca se creó para ellos”, añadió Bah. “Se les está criminalizando por buscar seguridad, y hasta que la ciudad invierta en servicios legales reales, accesibles y culturalmente competentes para nuestras comunidades, esta crisis continuará”.

Para ponerse en contacto con el reportero de esta noticia, escriba a Daniel@citylimits.org. Para ponerse en contacto con la editora, escriba a Jeanmarie@citylimits.org.

The post Repartidores y vendedores ambulantes de Nueva York buscan mayores protecciones tras redada de ICE en Canal Street appeared first on City Limits.

The Associated Press

Americans who cannot afford to feed themselves and their families, including their pets, are lining up at food pantries across the country amid the government shutdown fight in Washington.

The financial struggles of federal workers after a month of missed paychecks are compounded by the federal food assistance program facing delays.

This is a photo gallery curated by AP photo editors.

California National Guard sort produce at the Los Angeles Food Bank Wednesday, Oct. 29, 2025, in Los Angeles. (AP Photo/Ethan Swope)
TSA agent Sashene McLean, holding her one-year-old daughter, comes from work to collect a donation of produce, meat and yogurt at a food distribution center organized to assist federal employees missing paychecks during the government shutdown, Tuesday, Oct. 28, 2025, in Dania Beach, Fla. (AP Photo/Rebecca Blackwell)
Volunteers at the San Antonio Food Bank load bags of potatoes for a food distribution for SNAP recipients and other households affected by the federal shutdown, Thursday, Nov. 6, 2025, in San Antonio. (AP Photo/Eric Gay)
An owner surrendered cat is seen at the New Leash On Life animal shelter, Thursday, Nov. 6, 2025, in Lebanon, Tenn. (AP Photo/George Walker IV)
Hundreds of people wait in line to receive free meals from the World Central Kitchen as they provide food to federal employees and their families near the U.S. Navy Memorial Plaza, during the federal government shutdown, Wednesday, Nov. 5, 2025, in Washington. (AP Photo/Rod Lamkey, Jr.)
Tammy Norton, a furloughed federal employee of 16 years who currently works for the Internal Revenue Service, speaks with emotion as she describes running through her limited savings to support her family during the government shutdown, at a food distribution for federal employees impacted by the government shutdown, Tuesday, Oct. 28, 2025, in Dania Beach, Fla. (AP Photo/Rebecca Blackwell)
Aidan Tavor, center, directs traffic as volunteers help load vehicles during a food distribution at the San Antonio Food Bank for SNAP recipients and other households affected by the federal shutdown, Thursday, Nov. 6, 2025, in San Antonio. (AP Photo/Eric Gay)
People receive free meals from the World Central Kitchen as they provide food to federal employees and their families near the U.S. Navy Memorial Plaza, during the federal government shutdown, Wednesday, Nov. 5, 2025, in Washington. (AP Photo/Rod Lamkey, Jr.)
Margaret Dickinson announces the opening of food pantry service with the placement of a sign at Calvary Episcopal Church on Thursday, Oct. 30, 2025, in Louisville, Ky. (AP Photo/Jon Cherry)
People wait to shop for food at Irving Park Community Food Pantry in Chicago, Wednesday, Nov. 5, 2025. (AP Photo/Nam Y. Huh)
Volunteer Regie Robles, right, helps residents without a vehicle navigate a drive-through food distribution at the San Antonio Food Bank for SNAP recipients and other households affected by the federal shutdown, Thursday, Nov. 6, 2025, in San Antonio. (AP Photo/Eric Gay)
FILE – Brock Brooks, a disabled Marine Corps veteran, cries while describing the impending SNAP shutdowns while waiting in line to enter the food pantry service at Calvary Episcopal Church on Oct. 30, 2025, in Louisville, Ky. (AP Photo/Jon Cherry, File)
Volunteers help load vehicles during a food distribution at the San Antonio Food Bank for SNAP recipients and other households affected by the federal shutdown, Thursday, Nov. 6, 2025, in San Antonio. (AP Photo/Eric Gay)
Micah Getter, whose husband is a civil service employee of Keesler Air Force Base who is furloughed due to the government shutdown, unpacks provisions from a food pantry, in Gulfport, Miss., Monday, Nov. 3, 2025. (AP Photo/Gerald Herbert)

Related Articles

Veterans Day: What’s open, what’s closed

These 8 Democrats voted with Republicans on the government shutdown deal. Here’s how they explain it

FDA will remove long-standing warning from hormone-based menopause drugs, citing benefits for women

Supreme Court will decide whether states can count late-arriving mail ballots, a Trump target

Nvidia and Big Tech rally to help Wall Street recover most of last week’s drop

A plan to add flood walls and elevated park space is the most complicated and expensive link in the Lower Manhattan Coastal Resiliency portfolio: a chain of flood-proofing projects, devised in the wake of Hurricane Sandy, to protect the island’s tip from coastal flooding.

An evening view of the Financial District in Manhattan in February, 2023. (Adi Talwar/City Limits)

Picture a park stretching all the way from the Brooklyn Bridge to the Battery. It’s raised 15 to 18 feet above the current shoreline, and armed with nearly eight acres of green space, resilient ferry hubs, flood walls, deployable flood gates, and a multilevel esplanade projecting 90 to 200 feet into the East River. 

If all goes well in the next decade, that’s what the waterfront along the South Street Seaport and Financial District could look like, once the neighborhood’s Climate Resilience Master Plan is complete. The challenge now is securing $5-7 billion to build it.

The FiDi-Seaport plan is the most complicated and expensive link in the Lower Manhattan Coastal Resiliency (LMCR) portfolio: a chain of flood-proofing projects, devised in the wake of Hurricane Sandy, to extend the shoreline and protect the island’s tip from coastal flooding due to sea level rise and storm surges. 

Most of the other projects are partially or fully funded and will wrap up construction by 2031. The only outlier is the FiDi-Seaport plan, which is still in the design phase. Construction has yet to start, and it will take at least 10 years (if not longer) to finish once it does. 

“[It’s] such a significant project, both in its location and its scale, that it raises issues we haven’t always had to grapple with on other projects,” said Jordan Salinger, the deputy director of adaptation strategies at the Mayor’s Office of Climate & Environmental Justice.  

Funding, he added, must be addressed through “a creative solution between the federal government, state government, and the city.” 

The need for the upgrades is clear, officials say. The New York City Economic Development Corporation (NYCEDC)—a public benefit organization spearheading the plan—projects that Lower Manhattan’s waterfront will experience frequent tidal flooding due to sea level rise by the 2040s. 

The area has also seen significant population growth over the last decade, in part due to a slew of luxury housing projects and office-to-residential conversions, including those at 25 Water St., 55 Broad St., and One Wall St. Nearly 300,000 people also pass through the neighborhood while commuting to work each day.

The Seaport and the Financial District are some of the lowest-lying areas in Lower Manhattan, and they also suffered some of the worst water-logging during Hurricane Sandy. If the FiDi-Seaport plan isn’t implemented in time, NYCEDC estimates that future flooding could cause over $20 billion in direct and indirect damages to life, property, and businesses in New York City. 

NYCEDC has proposed funding schemes for the project that combine grants from the U.S. Army Corps of Engineers (USACE), U.S. Department of Transportation (USDOT), the Federal Emergency Management Agency (FEMA), and funds from the city and state. 

They’ve also been pitching the plan to residents. During Climate Week NYC in September, the EDC ran a pop-up exhibit at the South Street Seaport Museum, and organized community outreach events and educational tours.

On Sept. 22, representatives from engineering firm Arcadis and Mathews Nielsen Landscape Architects (both consultants hired by NYCEDC) led a tour group on a 0.8-mile-long walk along the East River. The tour leaders told attendees NYCEDC hoped to secure up to 65 percent of the necessary funding from the U.S. Army Corps of Engineers (USACE).

Yet a week earlier in a Manhattan Community Board 1 meeting, a planner from the Army Corps’ New York District stated that it’s unlikely the project will receive USACE funding until at least 2028 or 2030. Even with funding, preliminary studies for projects of such magnitude can take multiple years, the planner said. 

Tammy Meltzer, the chairperson of Manhattan Community Board 1, sees this window of time as an opportunity to iron out the project’s finer points. “I don’t think there’s room for panic. I think there’s room for careful planning,” she told City Limits. “I think we need to take stock of interim steps that can be done. We’re looking at this as a once in a lifetime opportunity.” 

Future USACE funding for the FiDi-Seaport plan has to be allocated by Congress through the Water Resources Development Act. However, since coming into power, the Trump administration has repeatedly targeted climate infrastructure projects under the pretext of cutting “wasteful” spending. 

Back in April, the Department of Homeland Security eliminated FEMA’s Building Resilient Infrastructure and Communities (BRIC) grant program, which provides funds for local governments seeking to mitigate damage due to natural disasters. New York State alone lost over $300 million in BRIC grants. 

More recently, on Oct. 1, after the federal government shut down, U.S. Secretary of Transportation Sean Duffy announced that the USDOT would not distribute $18 billion in federal grants for the Second Avenue Subway and Hudson Tunnel projects in New York. Two weeks later, Russell Vought, the director of the Office of Management and Budget, threatened to withhold $11 billion for Army Corps projects in New York, San Francisco, Boston, and Baltimore. It’s still unclear which projects will be affected. 

So while the federal government’s actions have dented hopes of securing construction funds, design work on the FiDi-Seaport project has also seen challenges. 

During the 2025-2026 city budget cycle, the NYCEDC and Manhattan CB1 sought $15 million for an environmental review that would help secure Army Corps funding in the future. However, the executive budget released in May didn’t account for these funds, and design work was set to halt at the end of the year. 

It took a last-minute push from NYCEDC, the Waterfront Alliance, and the Mayor’s Office of Climate & Environmental Justice to secure $7.5 million in the adopted city budget, which will keep design work on the project going until 2027. 

“This project in particular had to stay alive,” said Tyler Taba, director of resilience at the Waterfront Alliance. “The FiDi-Seaport plan is the last connecting piece of the LMCR portfolio. Because engagement and design had already started on the project, leaving it in the middle unfunded would have been a huge missed opportunity for the city to close that gap.”

Historic storefronts along Fulton Street in the South Street Seaport, pictured here in 2015. (Credit: f11photo/Shutterstock.com)

There are other barriers to implementation. The restrictions on infrastructure development along the Seaport stem from the area’s protected city landmark status, the presence of an elevated parkway in the form of the FDR Drive, and a mishmash of subway lines underground. As a result, designers and engineers have little room to maneuver. 

And the project has to go beyond just flood protection, stakeholders say.

“It’s not about the bottom line costs of flood control. It’s about the public waterfront and the experience we’re building for the next generation,” Alexis Taylor, NYCEDC’s vice president of climate resilience, said at a Manhattan CB1 meeting in August.

In the past year, officials completed two major flood-proofing projects in Manhattan, both of them parks. Segments of East River Park—part of a $1.45 billion resiliency project to protect the East River and the Lower East Side—opened in May after years of tense and difficult community engagement. 

On the west side, Wagner Park, a $300 million project in Battery Park City (one of the least affected areas during Sandy), reopened at the end of July. Aside from flood-proof infrastructure to shield Manhattan against both sea level rise and another 100-year storm, the two revamped parks were  designed as accessible public spaces. 

The stakeholders behind the FiDi-Seaport plan have similar aspirations. “The city has set itself a number of goals,” said Matthijs Bouw, founder of One Architecture and Urbanism, and one of consultants on the plan. “They want this coastal resiliency infrastructure to be a multi-benefit infrastructure so that it enhances the waterfront as a piece of social infrastructure. And in order to deliver on that, it’s very important to get input from the community.”

So far, the community engagement process has revealed a variety of concerns and priorities.

“One of the things that we really desperately need is open recreation areas,” said Alice Blank, vice chair of Manhattan CB1. Meltzer told City Limits that she wants to ensure the project’s design would “connect the public to the water.” 

Catherine McVay Hughes, who was chair of Community Board 1 during Hurricane Sandy, said she is curious about how the project would change the slope of the ground between the waterfront and FDR Drive. It is also vital, she added, to safeguard “the harbor which made New York City the financial capital. It’s very important to protect it because this is where New York City started.” 

Some locals also fear parts of their neighborhood becoming construction sites for the next decade. 

Between these issues and dealing with an uncooperative federal government, the project’s stakeholders have their work cut out for them. Even so, there’s no option but to keep moving forward, said Salinger.

“FiDi-Seaport is a generational effort that has already spanned multiple federal administrations, multiple governors, multiple city administrations,” he said. 

“While it’s impossible to avoid partisanship in 2025, we have the science on our side, we have the community support, and we have the solution,” he added. “I think that’s all that we can control. Our focus is on delivering the right project at the right time.”

To reach the editor, contact Jeanmarie@citylimits.org

Want to republish this story? Find City Limits’ reprint policy here.

The post Funding Uncertainty Looms in FiDi-Seaport Climate Plan, Last Link in Lower Manhattan Flood Protection Projects appeared first on City Limits.

By JIM GOMEZ, Associated Press

MANILA, Philippines (AP) — Typhoon Fung-wong blew out of the northwestern Philippines on Monday after setting off floods and landslides, knocking out power to entire provinces, killing at least eight people and displacing more than 1.4 million others.

The typhoon was forecast to head northwest toward Taiwan.

Fung-wong lashed the northern Philippines while the country was still dealing with the devastation wrought last week by Typhoon Kalmaegi, which left at least 224 people dead in central provinces on Nov. 4 before pummeling Vietnam, where at least five were killed.

Fung-wong slammed ashore in northeastern Aurora province on Sunday night as a super typhoon with sustained winds of up to 185 kph (115 mph) and gusts of up to 230 kph (143 mph).

The 1,800-kilometer (1,100-mile)-wide storm weakened as it raked through mountainous northern provinces and agricultural plains overnight before blowing away from the province of La Union into the South China Sea, according to state forecasters.

One person drowned in flash floods in the eastern province of Catanduanes, and another died in Catbalogan city in eastern Samar province when her house collapsed on her, officials said.

In the northern province of Nueva Vizcaya, three children died in two separate landslides and four others were injured, police told The Associated Press. An elderly person was killed in a mudslide in Barlig, a town in northern Mountain Province, according to officials.

Another landslide in Lubuagan town in nearby Kalinga province killed two villagers and two others were missing, provincial officials said late Monday.

More than 1.4 million people moved into emergency shelters or the homes of relatives before the typhoon made landfall, and about 318,000 remained in evacuation centers on Monday.

Fierce wind and rain flooded at least 132 northern villages, including one where some residents were trapped on their roofs as floodwaters rapidly rose. About 1,000 houses were damaged, Bernardo Rafaelito Alejandro IV of the Office of Civil Defense and other officials said, adding that roads blocked by landslides would be cleared as the weather improved on Monday.

“While the typhoon has passed, its rains still pose a danger in certain areas” in northern Luzon, including in metropolitan Manila,” Alejandro said. “We’ll undertake today rescue, relief and disaster-response operations.”

Philippine President Ferdinand Marcos Jr. declared a state of emergency on Thursday due to the extensive devastation caused by Kalmaegi and the expected damage from Fung-wong, which was also called Uwan in the Philippines.

Tropical cyclones with sustained winds of 185 kph (115 mph) or higher are categorized in the Philippines as a super typhoon to underscore the urgency tied to more extreme weather disturbances.

Related Articles

Car blast near New Delhi’s historic Red Fort kills at least 8 people, India’s police say

Canada loses measles elimination status after ongoing outbreaks

UN climate talks start with a call for faster action but the US is absent

Netanyahu and Kushner meet as Gaza ceasefire’s first phase winds down

Today in History: November 10, storm sends freighter to the bottom of Lake Superior

The Philippines has not called for international help following the devastation caused by Kalmaegi, but Teodoro said the United States, the country’s longtime treaty ally, and Japan were ready to provide assistance.

Authorities announced that schools and most government offices would be closed on Monday and Tuesday. More than 325 domestic and 61 international flights were canceled over the weekend and into Monday, and more than 6,600 commuters and cargo workers were stranded in ports after the coast guard prohibited ships from venturing into rough seas.

The Philippines is hit by about 20 typhoons and storms each year. The country also has frequent earthquakes and has more than a dozen active volcanoes, making it one of the world’s most disaster-prone countries.