Desde que Sanidad tomó las riendas de la aplicación de la ley sobre la venta ambulante esta primavera, el departamento ha confiscado material abandonado o que no cumple con las normas de venta ambulantes en 228 casos, y ha donado 32.220 libras de alimentos y convertido en compost otras 3.880 libras, dicen los funcionarios.

Este artículo apareció originalmente en inglés el 30 de agosto. Traducido por Daniel Parra.
Lea la versión en inglés aquí.

Pilar, una vendedora ambulante desde hace dos décadas que vende artesanías, juguetes y gorras en Jackson Heights, caminaba con su hija hacia una cita con el dentista el 23 de agosto cuando vio que el Departamento de Sanidad confiscaba naranjas, manzanas, tomates, uvas, plátanos y mandarinas a un vendedor ambulante entre las calles 96 y 97 en la Avenida Roosevelt.

Horas más tarde, alrededor de las 5 p.m., se encontró con una fila de personas que recibían comida gratis en la esquina de la calle 82, frente a un banco. Pilar, quien no quiso dar su nombre completo por temor a represalias, dice que vio el mismo camión de Sanidad, pero adentro ya no tenía comida: estaba colocada sobre mesas plegables de plástico y trabajadores con chalecos rojos la repartían. Ella cree que era la misma comida que había sido confiscada al vendedor horas antes ese mismo día.

Desde abril, cuando la ciudad trasladó las responsabilidades de cumplimiento de la ley al Departamento de Sanidad (DSNY por sus siglas en inglés), vendedores ambulantes y defensores dicen que las cosas han cambiado en dos áreas principales: más redadas y confiscaciones, por un lado, y menos divulgación educativa para los vendedores, muchos de ellos recién llegados que no conocen las reglas sobre venta ambulante.

Desde que Sanidad tomó las riendas, el departamento ha donado 32.220 libras de alimentos incautados a los vendedores y ha convertido en compost otras 3.880 libras entre abril y el 6 de agosto, según un portavoz.

Este cambio es el último de una larga disputa sobre la forma en que la ciudad debe regular la venta ambulante, un sector compuesto en gran parte por inmigrantes, muchos de los cuales no pueden vender legalmente según las normas de la ciudad gracias a un antiguo límite en el número de permisos disponibles.

La situación llegó a un punto crítico el mes pasado cuando DSNY y la policía desalojaron a decenas de vendedores de la Plaza Corona en respuesta a lo que los funcionarios dijeron que eran quejas sobre limpieza. La Plaza Corona es un punto concurrido en la Roosevelt Avenue y National Street que ha ganado popularidad desde la pandemia como destino gastronómico.

Durante años, en vecindarios de toda la ciudad, las tensiones han estado latentes entre vendedores y dueños de negocios tradicionales, quienes citan una mayor competencia por parte de los vendedores ambulantes.

Los vendedores que solían llenar Corona Plaza comenzaron a organizarse antes de la pandemia y desde el año pasado formaron la Asociación de Vendedores Ambulantes de Corona Plaza (AVA), la primera asociación de vendedores locales de la ciudad.

Antes del incidente, el grupo estaba en conversaciones con varias agencias y departamentos de la ciudad, especialmente el Departamento de transporte, que tiene jurisdicción sobre la plaza, con la esperanza de formalizar su uso del espacio sin tener que obtener un permiso de venta, como se ha permitido en otros lugares como el Bronx Night Market en Fordham Plaza.

Mientras tanto, “la gente está atrapada en una situación realmente terrible y algunos vendedores están pidiendo préstamos”, dijo Carina Kaufman-Gutiérrez, subdirectora del Proyecto de Vendedores Ambulantes (SVP por sus siglas en inglés), sobre aquellos que no han podido vender en la plaza después de cuatro semanas.

Decomisos

Entre abril y el 6 de agosto, período que incluye la redada en la Plaza Corona, Sanidad realizó 228 confiscaciones de material abandonado o que no cumple con las normas de venta ambulante de la ciudad, el equivalente a casi dos confiscaciones por día, según la agencia.

Antes del cambio de agencia, el el Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador (DCWP por sus siglas en inglés) no confiscaba propiedades, sino que llevaba a cabo hacía “confiscaciones conjuntas con la policía de Nueva York”, dijo Michael Lanza, portavoz del DCWP, a City Limits. “El DCWP se asoció con la policía de Nueva York porque el DCWP no tiene la autoridad para obligar a los vendedores a proporcionar una identificación o confiscar artículos de vendedores como sí puede hacerlo la policía de Nueva York”, agregó Lanza.

Para comparar, se le pidió cifras sobre confiscaciones al DCWP, pero este remitió a la policía de Nueva York. Un portavoz de la policía dijo que no podían proporcionar estas cifras porque los datos del Departamento de Policía de Nueva York “no se rastrean hasta ese nivel de especificidad”.

“Cuando se confisca un artículo”, explicó Vincent Gragnani, portavoz del Departamento de Sanidad, “debido a repetidos incumplimientos o porque se encontró abandonado, se da un váucher y se lleva a una instalación del DSNY donde luego se puede reclamar”.

Pero cuando se trata de alimentos, el proceso es diferente y no se devuelve ningún artículo al vendedor. La comida se donan a despensas de alimentos —siempre y cuando un inspector del Departamento de Salud e Higiene Mental de la ciudad de Nueva York (DOHMH por sus siglas en inglés) lo considere seguro— o se convierten en compost.

El Departamento de Sanidad explicó que los miembros de su fuerza policial, que lleva a cabo las redadas, “tienen una experiencia única en la intersección de la calidad de vida y la limpieza, y un largo historial para equilibrar las necesidades de las empresas y los residentes”, dijo Gragnani.

Su enfoque en la aplicación de la ley, agregó, ha sido el cumplimiento de “preocupaciones fundamentales sobre la calidad de vida” —como la eliminación adecuada de desechos y aceras transitables—“las reglas que marcan la diferencia en la experiencia cotidiana de los peatones de nuestra ciudad, y que mantienen a los vendedores seguros”.

Entre abril y el 6 de agosto, Sanidad dio 324 multas a vendedores ambulantes, menos de las 534 multas entregadas por el DCWP durante el segundo trimestre de 2022.

Sin embargo, la policía sigue emitiendo más multas a los vendedores que cualquier otra agencia, a pesar de la promesa durante la era del exalcalde de Blasio de alejarlos, una tendencia que City Limits también notó en 2022. Entre enero y junio, la policía emitió 1.242 multas, según informes trimestrales del departamento de policía (que no incluye citaciones civiles emitidas durante el segundo trimestre de 2023, que aún no han sido publicadas).

“Nosotros no estamos vendiendo de gratis, sin pagar impuestos”, dijo Pilar al señalar que como todo pequeño comercio, los vendedores toman cursos, siguen reglas y declaran sus impuestos.

Es difícil saber si los productos que recibió Pilar esa tarde eran los mismos que le habían confiscado al vendedor ambulante que vio ese mismo día. Entonces se puso en contacto con el vendedor, le mostró fotografías y él le dijo que esos eran sus productos. (Cuando se le preguntó, un portavoz del DSNY no comentó directamente sobre los incidentes, pero reiteró la política de la agencia de donar o convertir en compost los alimentos incautados).

El vendedor al que se le incautaron los artículos no quiso ser identificado. Dijo que pagó $1.000 dólares para recuperar su carrito, aunque no quedó del todo claro qué multa recibió.

Pilar, quien ha vendido en Queens durante más de 20 años, recordó épocas anteriores en las que los vendedores ambulantes eran severamente penalizados y dijo que la diferencia ahora es que la policía ya no arresta a los vendedores.

“He estado arrestada 4 veces [por vender en las calles]”, dijo Pilar sobre la era bajo el exalcalde Michael Bloomberg, “cuando estaba duro”.

Menos divulgación educativa

Según las reglas de la ciudad, los vendedores ambulantes de alimentos deben completar una capacitación en la academia de salud del Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York para obtener una licencia de vendedor ambulante. Ese es el primer paso en un sistema que tiene tiene dos partes y que también requiere un permiso, cuyo número fue limitado hace décadas, lo que dificulta su obtención.

Algunos de estos permisos circulan en un mercado negro donde puede costar decenas de miles de dólares en algunos casos. La legislación aprobada por el Concejo de la ciudad en 2021, destinada a ampliar gradualmente el número de permisos que la ciudad emite cada año, ha avanzado lentamente. De las 445 nuevas solicitudes de licencia de supervisión autorizadas para el año fiscal 2023, el DOHMH recibió 104 solicitudes y solo cuatro vendedores han recibido una, CBS informó a principios de este mes.

Según el DOHMH, había 14.981 vendedores de alimentos con licencias en la ciudad en marzo, lo que deja a casi un tercio de los vendedores sin un permiso. Los permisos de venta ambulante de comida tienen un límite de solo 5.100.

Más personas han recurrido a la venta ambulante para ganarse la vida en los últimos años, dicen los defensores, debido a diversos factores, como las dificultades económicas agravadas por la pandemia, el aumento de rentas y costo de vida. La llegada de nuevos inmigrantes a la ciudad en el último año, muchos de los cuales no tienen autorización de trabajo, también ha sumado al crecimiento en el sector.

Desde abril hasta el 18 de agosto, más de 700 personas asistieron a los 24 cursos que se llevaron a cabo para nuevos vendedores ambulantes de alimentos en la academia de salud, explicó el DOHMH.

Sin embargo, con el cambio del DCWP a Sanidad, ha habido menos divulgación educativa sobre las normas de venta ambulante, dicen los defensores, lo que afecta en particular a los vendedores ambulantes primerizos, que están menos versados ​​en las complicadas políticas de venta callejera.

“El DCWP solía hacer jornadas de educación”, explicó Kaufman-Gutiérrez. Ahora, “el DSNY sólo hace cumplir la ley, por lo que existe un vacío enorme”.

La legislación de 2021 que se suponía ampliaría el número de licencias de vendedores de alimentos también incluía otorgar al DCWP una mayor supervisión civil de la venta ambulante.

Si bien el DCWP pasó la primera mitad de 2021 centrándose en la divulgación y la educación en lugar de imponer multas, el componente de divulgación educativa prácticamente ha desaparecido con Sanidad, dejando todo el peso del esfuerzo en manos de organizaciones como el SVP.

“No participamos en educación fuera de la aplicación de la ley”, dijo el portavoz del Departamento de Sanidad, señalando que otras organizaciones como el DCWP, el DOHMH y el Departamento de Servicios para Pequeños Negocios (SBS) de la ciudad de Nueva York realizan ese tipo de trabajo.

Pero City Limits preguntó a estas agencias y descubrió que ese nivel anterior de extensión educativa proactiva ya no es la norma.

“El DCWP ya no supervisa el cumplimiento de las normas de venta ni la educación”, dijo el portavoz del DCWP. El departamento realizó la mayor cantidad de eventos de divulgación sobre venta ambulante durante el 2021, con 60, pero ese número se redujo a seis en 2022 y solo un evento en 2023.

El DOHMH explicó que hay un componente educativo en cada inspección y señaló el sitio web de la agencia, que también tiene información y recursos sobre las reglas de venta de la ciudad.

Desde el cambio de agencias en abril, el SBS llevó a cabo tres eventos educativos específicos para vendedores ambulantes en conjunto con el Proyecto de Vendedores Ambulantes en los vecindarios de Fordham Road, Harlem y Sunset Park en junio, y está enviando por correo información sobre las reglas en 12 idiomas a 22.000 vendedores ambulantes, según información proporcionada previamente por el DOHMH.

El 28 de septiembre, el SBS organizará un seminario web gratuito para vendedores ambulantes para ayudarlos a comprender el proceso de solicitud y permisos, con el DOHMH y el Departamento de Parques.

Para ponerse en contacto con el autor de este artículo, escriba a Daniel@citylimits.org. Para contactar a la editora, envíe un correo electrónico a Jeanmarie@citylimits.org.

“Buscar asilo se ha vuelto casi tan difícil como llegar aquí en primer lugar”.

Este artículo apareció originalmente en inglés el 28 de agosto. Traducido por Daniel Parra.
Read the English version here.

Hace cinco meses llegué a Nueva York procedente de Venezuela. Venir aquí ha sido la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida. Amo a mi país, pero, para mí, quedarme allí habría significado enfrentarme a la posibilidad real de que me mataran.

En Venezuela, tenía un negocio de comida rápida y estudiaba gestión medioambiental. Quería luchar por un futuro mejor y decidí alzar mi voz contra el gobierno actual en señal de protesta. A causa de ello, mi vida dio un vuelco. Me amenazaron con castigos severos y con la muerte, lo que me obligó a tomar la decisión de abandonar mi hogar. Dejé atrás todo lo que conozco y amo: mis parientes, mi tierra, mi cultura y mis pertenencias.

Para llegar a Estados Unidos, tuve que caminar durante días por el Tapón del Darién, una enorme selva tropical en la que no hay carreteras visibles. Todos los días eran aterradores, ya que nos veíamos obligados a caminar por zonas rocosas llenas de barro, nos enfrentábamos a la posibilidad de encontrar animales salvajes y a muchas otras situaciones mortales. También me aterrorizaba la idea de ser secuestrada, maltratada e incluso asesinada en esta región sin ley y plagada de actividades delictivas. Tras atravesar esta zona, cruzamos Centroamérica y México.

Tras cruzar la frontera, tardé casi dos semanas en llegar a Nueva York. Al entrar, los agentes nos recibieron y nos llevaron a un puesto de trámites donde nos indicaron que buscáramos rápidamente un abogado y nos entregaron un papel con números de teléfono. A continuación, nos indicaron que nos subieramos a un autobús que nos llevaría a una iglesia de San Antonio que ofrecía refugio. Dando un salto de fe, subimos al autobús, ya que no teníamos otra opción. En cuanto llegamos al refugio, la gente que trabajaba allí nos ayudó a conseguir un tiquete de avión a New York.

En Nueva York vivo en un refugio donde nos proporcionan artículos de primera necesidad, incluida comida, y pude matricular a mis hijos en la escuela. Aunque estoy muy agradecida por la ayuda recibida, cada día me preocupa más nuestro futuro. En particular, no sé cómo seguir adelante con el proceso de solicitar asilo por mi cuenta. He tomado cartas en el asunto. Después de buscar durante varios días, encontré Make the Road New York/Hace Camino Nueva York, que me dio un teléfono móvil y otros recursos para ayudarme a moverme por la ciudad.

Durante los últimos meses, he tenido la misma rutina casi todos los días. Dejo a mis hijos en el colegio y empiezo a buscar organizaciones que puedan ayudarme con mi situación. Sin embargo, a pesar de llamar a innumerables puertas, siempre obtengo el mismo resultado. Me han dicho más veces de las que puedo contar que necesito solicitar asilo, pero que no pueden ayudarme en este momento porque están saturados de casos y no tienen los recursos para ayudarme.

En el lugar donde me encuentro, ninguno de los trabajadores parece tener información clara sobre qué hacer, más allá de compartir sitios web y números de teléfono que podrían ser útiles. Buscar asilo se ha vuelto casi tan difícil como llegar aquí en primer lugar. Mi única alternativa sería pagar un abogado particular, lo cual, sencillamente, no me resulta viable en este momento. Los abogados me han pedido entre 12.000 y 15.000 dólares por representación y ayuda con los trámites.

No es realista esperar que la gente disponga de estas grandes sumas de dinero a su llegada. Sin embargo, no puedo obtener autorización para trabajar hasta después de presentar la solicitud de asilo, lo que significa que no puedo ahorrar para el abogado que necesito. Una vez más, me siento como si estuviera atravesando una selva sin caminos a la vista.

El primer paso crucial para los solicitantes de asilo como yo es solicitarlo realmente, lo que también desbloqueará la autorización de trabajo mientras se revisa nuestra solicitud. Por no hablar del hecho de que las solicitudes deben presentarse a tiempo, ya que si no se hace en el plazo de un año desde la llegada, no se puede solicitar asilo. Pero es más fácil decirlo que hacerlo cuando nos han abandonado a nuestra suerte.

Se Hace Camino Nueva York, el contralor municipal Brad Lander y otros han pedido que la ciudad destine más dinero a servicios jurídicos para ayudar a personas como yo a presentar nuestras solicitudes de asilo. Esa idea tiene sentido para mí, y no entiendo por qué el alcalde Eric Adams o la gobernadora Kathy Hochul no la han incluido en los presupuestos municipales o estatales de este año. Además, es importante tener en cuenta que, todos aquellos que no puedan presentar su solicitud en el plazo previsto, pasarán a ser indocumentados. El resultado sería un aumento de las personas que viven en el limbo, con miedo a denunciar las injusticias o la discriminación, por nombrar sólo algunas consecuencias

Además, he oído que el alcalde está distribuyendo folletos en los que se pide a personas como yo que consideren otras ciudades a la hora de venir a EE.UU. ¿No sería mejor centrar las actividades de divulgación en ayudar a las personas a acceder a los servicios que necesitan para sobrevivir y presentar sus solicitudes de asilo?

Estoy agradecida por haber llegado a una ciudad que acoge a inmigrantes desde hace mucho tiempo, un lugar donde se supone que la gente como yo debe sentirse segura. Soy consciente de que, cuando llega mucha gente a la vez, puede ser un reto para el gobierno local. Pero también sé que hemos llegado aquí dispuestos a trabajar, abrir negocios y formar parte de esta increíble ciudad, como tantos neoyorquinos inmigrantes antes que nosotros.

Pido humildemente a todos los niveles del gobierno que se dé el apoyo necesario para que los solicitantes de asilo podamos presentar nuestras solicitudes y obtener la ayuda que necesitamos a corto plazo, para que podamos salir de los refugios y volver a ponernos en pie lo antes posible.

Raiza Guevara es miembro de Make the Road New York/Se Hace Camino Nueva York.

Asphalt contributes to the urban heat island effect and makes places more prone to flooding. Planners are rethinking its place in cities. This article originally appeared in Nexus Media News.

This article originally appeared in Nexus Media News.

It all started because a man named Arif Khan wanted a garden.

In 2007, he had recently moved into a house in Portland, Ore., whose backyard was covered in asphalt. Some friends helped him tear up the impervious surface, and soon after, they won a small grant to carry out a similar project in front of a local cafe.

“It was a one-off,” said Ted Labbe, co-founder of Depave, an urban greening movement. “But it was so successful that the next year we got solicited to do three projects, and then five the year after that. It just kept escalating.” In the 15 years since breaking ground on Khan’s backyard, Depave has completed 75 projects in schoolyards, churches and other community spaces across Portland.

The Depave movement has spread across the United States and Canada in recent years as climate-related extreme heat and flooding have made some cities rethink the wisdom of all that heat-absorbing, impervious surface area.

Depave’s newest chapter is in Chicago, where about half of the population lives in areas where temperatures are at least eight degrees higher than the city’s base temperature, a disparity that can prove deadly in heatwaves. More than 60 percent of the city is covered in impervious surfaces, and when record rains fell in early July, more than 12,000 residents reported flooding in their basements.

“Environmental justice communities are suffering from a lot of pavement-related issues,” said Mary Pat McGuire, a professor of architecture at the University of Illinois, and the founder of Depave Chicago. “We’re trying to bring attention to it so that the city will start treating this as a critical part of climate adaptation and social justice.”

Since launching in 2022, McGuire and a group of volunteers have been holding listening sessions across the city to identify local needs. She and her cohort recently finished drawing up plans for their pilot project: greening a public schoolyard in West Englewood, a low-income neighborhood in southwest Chicago.

“They teach the Montessori method which is very hands-on,” McGuire said. Depave consulted with sixth, seventh and eighth graders, along with teachers, parents and school board members to draw up a blueprint for the new schoolyard. It includes pollinator gardens, an outdoor classroom, log structures, bioswales and shady trees. “Green infrastructure isn’t clean, neat and tidy,” McGuire said. “We’re going to get messy.”

Paved roads and parking lots take up about 30 percent of urban areas in the United States. (In some cities, like New York, that figure is closer to 61 percent.) Parking lots alone cover more than 5 percent of developed land in the lower 48 states, according to the U.S. Geological Survey.

“We’ve had a love affair with paving things for several generations,” said Brendan Shane, climate director at the nonprofit Trust for Public Land (TPL). “We have too many unnatural paved surfaces and not enough natural surfaces, and that’s creating these urban heat islands [and] rapidly flooding neighborhoods.”

Extreme heat and flooding are particularly acute in low-income communities of color, which typically have less green space than wealthy, white neighborhoods, a legacy of redlining practices.

Replacing asphalt with greenery has benefits beyond lowering temperatures and reducing flood risk. It’s also associated with lower stress levels, a reduction in noise, fewer traffic-related injuries and even restoration of local biodiversity. It can also improve air quality: asphalt releases hazardous air pollutants into communities, especially in extreme heat and direct sunlight.

“We want to bring it to the city’s attention that this is a critical part of climate adaptation and solving social inequity,” McGuire said.

Amid climate-fueled heatwaves and floods, cities around the country are rethinking the streetscape. In Phoenix, Arizona, where asphalt can get so hot during heatwaves it can give third-degree burns, officials are painting surfaces with reflective grey paint. Nashville, which experienced deadly floods back in 2010, has transformed alleyways into blooming bee-filled rain gardens.

More than a decade ago, Chicago invested $14 million in building what it dubbed the “greenest street in America.” The two-mile stretch of Blue Island Avenue and Cermak Road in the Pilsen neighborhood sports rain gardens, permeable pavements and solar-powered street lights.

“There are a lot of great strategies and plans out there,” says Vincent Lee, a principal at Arup, an engineering and architecture firm. Last year, Arup released a study examining the  “sponginess” —or ability to absorb rainfall—of several cities and making the case for cities to invest in nature-based solutions to prevent flooding. “But implementation is a major challenge due to lack of funding, outdated policies and codes and minimal cross-sector collaboration.”

Many advocates say schoolyards are ideal sites for greening projects because they represent an opportunity to educate students about climate resilience. Space to Grow, another Chicago organization, has overhauled 34 schoolyards over the last decade, replacing asphalt with permeable sports fields, rain gardens and other porous surfaces.

“Our schools are the center of the community, and we want to make sure kids are excited to be in those spaces,” said Meg Kelly, Space to Grow’s director.

According to the organization’s data, replacing asphalt with permeable sport fields, rain gardens and other porous surfaces has reduced ground temperatures by up to 54 degrees Fahrenheit and captured more than 3.5 million gallons of stormwater, alleviating neighborhood flooding.

McGuire said she wants Depave Chicago to help neighbors avoid the next flood or find respite from the next heat wave, but she also wants to help Chicagoans envision a different future for their city.

“It’s about changing attitudes towards concrete,” she said. “We’ve been missing an opportunity to embrace nature in the city, and I’m just trying to get people to look at the world around them and dream of something different.”

“Aug. 31 is International Overdose Awareness Day. Here in New York City, the overdose crisis has reached historic levels: 2,668 people died of drug overdoses in 2021, a 78 percent increase since 2019. As someone who recently survived an overdose, this crisis hits incredibly close to home.”

Aug. 31 is International Overdose Awareness Day. Here in New York City, the overdose crisis has reached historic levels: 2,668 people died of drug overdoses in 2021, a 78 percent increase since 2019. As someone who recently survived an overdose, this crisis hits incredibly close to home.

My personal experience—as well as my professional role as an outreach coordinator at Alliance for Positive Change’s LES Harm Reduction Center—has taught me that increasing harm reduction awareness, access, and resources are crucial to turning the tide on our current crisis.

The unexpected presence of fentanyl and xylazine in the unregulated drug supply is a factor that is driving the growing number of deaths. Both can be found in everything from cocaine to counterfeit pills, and for those without a tolerance, it can be extremely dangerous.

As an outreach worker, I share information and resources with the community that can save lives. Fentanyl and xylazine test strips are key harm reduction tools that I distribute in the field. People can use the strips to test their drugs and make a more informed decision about how they use their substances.

Syringe Service Programs are another crucial component of harm reduction. These initiatives not only help prevent the spread of infections, but also establish points of contact where individuals can begin to build trust with a community provider and access resources, counseling, and referral services. By meeting people where they are, syringe exchange programs break down barriers to seeking support, no matter what that looks like for the individual.

My own overdose came while grocery shopping. I had taken a pill that I didn’t know contained fentanyl. I didn’t have fentanyl test strips to use. When I fell over, an emergency responder gave me Narcan, and it saved my life. We need more New Yorkers to have access to and knowledge of how to administer this overdose reversal drug. Community-based harm reduction organizations like Alliance for Positive Change are critical to distributing resources like Narcan in communities most impacted by the overdose crisis.

My journey from overdose survivor to harm reduction advocate has taught me that compassion and understanding are infinitely more powerful than judgment and isolation. As an outreach coordinator, I know that the harm reduction tools themselves—like testing strips, Syringe Service Programs, and Narcan—are extremely valuable. But the community, connection, and compassion our team offers are often even more important. Amid an unprecedented crisis, New York must invest in harm reduction measures as a means of saving lives.

This Overdose Awareness Day, my own experience serves as a stark reminder that behind every statistic is a person who deserves a fighting chance. I am proud to no longer use drugs, but everyone’s journey is different—there is no one-size-fits-all solution. Together, let us champion a future where harm reduction takes precedence, and every individual has the opportunity to continue to write their own story. Only then will we start to turn the tide on the overdose crisis.

Ashley Lynch is an outreach coordinator at Alliance for Positive Change.

To reach the editor behind this story or to submit your own opinion piece, email Jeanmarie@citylimits.org.