El programa Head Start apoya la educación de los niños desde el nacimiento hasta los 5 años, e incluye servicios gratuitos de guardería, asistencia nutricional, exámenes médicos y recursos para mujeres embarazadas. El año pasado atendió a 42.997 personas en todo el estado de Nueva York, incluidas miles de familias sin hogar.

(Michael Appleton/Mayoral Photography Office)

Este artículo se publicó originalmente en inglés el 18 de julio. Traducido por Daniel Parra. Read the English version here.

El 10 de julio, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS por sus siglas en inglés) anunció un cambio de política en el programa federal Head Start que excluiría a los menores indocumentados. 

La propuesta anularía una interpretación de la era Clinton de 1998 de la Ley de reconciliación de la responsabilidad personal y la oportunidad laboral (PRWORA por sus siglas en inglés). Esta permitía a ciertos niños sin estatus migratorio legal acceder a servicios que no se consideraban como “beneficios públicos federales”, y que formaban parte del programa educativo gubernamental de preparación escolar.

Se espera que las normas entren en vigor después de su publicación en el Registro Federal el 13 de agosto, tras un periodo de 30 días de comentarios públicos.

Estos cambios son parte de un conjunto de propuestas del presidente Donald Trump para dificultar el acceso de los inmigrantes a los servicios del gobierno, y se produce mientras su administración agrega requisitos más estrictos para la asistencia pública.

El HHS también enumeró otros programas financiados con fondos federales que ahora se considerarían “beneficios públicos” para excluir a los inmigrantes sin estatus legal, que según el secretario del HHS, Robert F. Kennedy, Jr. anteriormente “desviaban dólares de los impuestos de los estadounidenses trabajadores para incentivar la inmigración ilegal”.

Poco después del anuncio, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) demandó a la administración, mientras que los defensores condenaron el plan.

Si la nueva norma entrara en vigor, exigiría verificar la ciudadanía o el estatus migratorio de un niño antes de poder inscribirlo en un programa Head Start, lo que excluiría a los niños indocumentados en todo el país. 

Head Start ofrece una variedad de servicios para apoyar la educación temprana de los niños desde el nacimiento hasta los 5 años de edad, incluyendo guardería gratuita, asistencia nutricional, exámenes de salud y recursos para las mujeres embarazadas. 

Atiende principalmente a niños de familias con bajos ingresos, pero también a niños sin hogar, en hogares de acogida o que reciben asistencia pública. En el pasado, el programa también estaba disponible para residentes legales permanentes, niños a los que se había concedido asilo o estatuto de refugiado.

Según el análisis del impacto de la normativa del HHS, el Congreso destinó $12.270 millones de dólares a los programas Head Start Preescolar y Early Head Start en el año fiscal 2024, para atender a 718.947 niños y mujeres embarazadas en todo el país.

Si bien el HHS supervisa el programa, en su mayor parte lo gestionan entes locales. El Departamento de Escuelas Públicas (NYCPS por sus siglas en inglés) de la ciudad de Nueva York (anteriormente conocido como el Departamento de Educación) gestiona los programas Head Start en la ciudad, así como una red de proveedores que reciben financiación directamente del gobierno federal. City Limits contactó a los proveedores que reciben fondos federales, pero se negaron a hablar públicamente sobre el asunto, preocupados de poner en peligro su financiación.

La National Head Start Association (NHSA por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro que representa al personal y las familias de Head Start, dice que Head Start financió 42.997 plazas del programa en el estado de Nueva York en el año fiscal 2024. El programa atendió a 3.807 familias locales sin hogar, pero ni los funcionarios ni los defensores saben cuántos podrían quedar excluidos del programa si los niños indocumentados se hacen inelegibles.

El NYCPS y la Oficina de Servicios para Niños y Familias del Estado de Nueva York (OCFS por sus siglas en inglés) dijeron a City Limits que no saben exactamente cuántos niños pueden perder la cobertura.

“Las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York no rastrean ni preguntan por el estado de inmigración o el país de origen de nuestros estudiantes”, dijo un portavoz de la alcaldía. “Estamos revisando este cambio y seguiremos vigilando la situación”.

Un portavoz de la OCFS dijo a través de correo electrónico que la agencia está “actualmente evaluando el impacto de la orientación emitida por el Departamento de Salud y Servicios Humanos”. 

El análisis de impacto del HSS también reconoce que la cantidad de beneficiarios que excluiría “es inherentemente incierta, ya que esta información demográfica no se recoge actualmente”.

Según sus estimaciones, sin embargo, “aproximadamente 115.000 niños y familias de Head Start podrían verse afectados, o alrededor del 16 por ciento” de los inscritos en Head Start en todo el país durante el último año fiscal. 

El subdirector de la NHSA, Tommy Sheridan, expresó su preocupación por la posibilidad de que esta política cree obstáculos para los niños y las familias, especialmente para los que carecen de hogar. “La presentación de documentación es un reto, y tenemos que ser conscientes de ello cuando estamos pensando en la verificación de esto”, dijo. 

“También nos preocupa que exigirle a los programas Head Start que verifiquen el estatus [migratorio] cambie la relación que tenemos tanto con las familias como con la comunidad, y es algo que nos alejará de nuestro trabajo principal, que es garantizar que los niños estén preparados para la escuela y que las familias también estén preparadas para tener éxito en la vida”, añadió.

Nora Moran, directora de política y defensa de United Neighborhood Houses, que presta servicios de Head Start, dijo que los proveedores del programa y los administradores de la ciudad nunca han tenido que preguntar a los niños o a sus familias sobre su estatus migratorio como condición para la inscripción.

“Sabemos que hay familias con diversos estatus migratorios que inscriben a sus hijos en los programas Head Start, pero no podemos ofrecer un número preciso”, dijo Moran.

Agregó que el anuncio ha confundido a las organizaciones comunitarias que dirigen los programas Head Start. Anteriormente, dijeron los proveedores, su principal responsabilidad era identificar a las personas en la ciudad que cumplían con los criterios de elegibilidad del programa, y por décadas el gobierno había considerado a Head Start como un programa de educación temprana, en lugar de un beneficio público que excluiría a ciertos inmigrantes.

“United Neighborhood Houses condena el último intento de la administración federal de socavar nuestras comunidades”, declaró la directora ejecutiva de la organización, Susan Stamler. “Para ser claros: echar a los menores inmigrantes de los programas Head Start o a los adultos de los programas de educación y formación es tan insensato como cruel”.

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A new civic tech application looks to help New York City tenants pressure their landlords to return security deposits when they move out, something many renters miss out on.

The mobile-friendly webpage, Depositron, walks tenants through their security deposit questions and generates a demand letter they can send their landlord to get their money back. (Screenshot)

A new web application aims to help New Yorkers get their security deposits back from landlords who withhold them at move-out. 

Thanks to a 2019 state law, your landlord has to return your security deposit within 14 days of you moving out, or notify you that they are withholding it to cover damages.

Sateesh Nori, a lawyer who used to run the civic tech shop JustFix, says that all too often, tenants don’t know their rights and landlords take advantage, with tenants paying 13 months rent when it should be 12.

“The law is really strong, but no one knows about it, and no one’s able to take advantage of it,” said Nori.

So he and partner Tom Martin built a mobile-friendly webpage, Depositron, that walks tenants through their security deposit questions and generates a demand letter they can send their landlord to get their money back.

Nearly 5,000 New Yorkers have complained about missing security deposits to the State Attorney General’s office since 2023, according to Gothamist. The office says it reclaimed $2.1 million for New Yorkers in that period.

Nori suspects that many more cases go unreported. He thinks the true cost to New Yorkers is tens of millions of dollars a year.

The app launched on July 4 and over 300 people used it in the first nine days, Nori said. It’s free to use right now, but they are pursuing grant funding or making paid features down the line to sustain the hosting and technology costs, he said.

When landlords don’t give you your money back you have a few options. You can file a complaint, like many did with the attorney general’s office. Or you can take them to small claims court, like Adrian Nesta did. The problem is that it can often take more than a year, Gothamist also reported.

“You have to evaluate if it’s worth your time and energy, and a tool like this is going to change that calculus, which is why it’s so potentially valuable,” Nesta said.

Nesta, a Brooklynite (and City Limits contributor) went through a protracted 16-month fight with his former landlord when he moved out of his Bedford-Stuyvesant apartment in 2022. The landlord withheld his security deposit, alleging damages. Nesta disputed, filed a complaint with the state attorney general’s office, and took the owner to small claims court.

“They’re relying on the fact that they have the money at the end of the day, you don’t, so you have to take the action to initiate and do all of that labor and time. And most people are either too busy or too overburdened with all the different things you have to go through to do that,” said Nesta.

There weren’t many lawyers eager to take such a small case, he said, especially when the most you can win back is double the deposit. So he fought it in court himself. “I took at least four days off, and then all the time I was researching,” said Nesta.

He was eventually able to get his money back. He read up on the law about security deposits, found the specific sections that applied, and wrote his landlord and the court a letter that looked much like the one Depositron will generate.

Depositron’s AI ask users a series of questions to populate a letter that includes the relevant legal statutes, personalized information, and attached pictures.

Nori hopes it will help tenants assert their rights and pressure landlords to promptly follow the law, resolving these cases quickly and diverting people from having to use small claims court.

He urged that the chatbot and the resulting letter do not constitute legal advice. Each individual case might require special attention, and there are no guarantees of your money back.

Landlords can also keep security deposits for a good reason, like to pay for damages to the apartment—but they need to notify the tenant within 14 days and send an itemized list of expenses.

“I don’t know that a letter is going to help, but I have to believe there are some landlords who aren’t necessarily following the law, but when prodded, might,” said Ellen Davidson, a staff attorney at the Legal Aid Society.

“Anything that makes it easier for a tenant to assert their rights is a good thing,” she added.

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DETROIT LAKES, Minn. — The jury has begun deliberations in the trial of a Minnesota senator accused of burglarizing her stepmother’s home following closing arguments in the case.

The Becker County jury must prove beyond a reasonable doubt that Sen. Nicole Mitchell entered her stepmother’s house with the intent to commit a crime.

Sen. Nicole Mitchell, DFL-Woodbury. (Courtesy of the Becker County Sheriff’s Office)

Mitchell, a DFL lawmaker from Woodbury, was charged with two felony burglary counts after she was arrested in her stepmother’s house in the early hours of April 22, 2024.

She was charged with first-degree burglary and possession of burglary or theft tools. If found guilty, Mitchell could face prison time. She has pleaded not guilty to the charges.

Prosecution’s closing arguments

State prosecutor Becker County Attorney Brian McDonald asked the jury to find Mitchell guilty on both counts, again citing words Mitchell said when she was arrested: “I know I did something bad.”

“Or rather the defendant knew she did something bad, but now she wants to lie about it,” McDonald said.

McDonald called out a dispute between Mitchell and her stepmother, Carol Mitchell, about her father, Rod Mitchell’s, ashes as the line in the sand for their relationship. At that point, it became Nicole Mitchell’s mission to take back her father’s possessions, McDonald said. She packed tools to help her in that mission, like an all-black outfit, prybar and flashlight covered by a black sock.

“Not even her own moral compass could deter her from her mission,” McDonald said.

He asked the jury to use common sense and good judgment when looking at the evidence presented by the state: items Nicole Mitchell carried with her, claims she made to law enforcement and her testimony that she lied to law enforcement.

The defense

Mitchell’s attorney Bruce Ringstrom Jr. has argued Mitchell broke into the home to check on her stepmother, who has Alzheimer’s disease. Ringstrom, on Friday, asked the jury to recall times when they may have told white lies. Nicole Mitchell told a white lie that she was there to take her father’s things as she was arrested in an attempt to keep her stepmother calm, he said.

“She’s not charged with lying,” Ringstrom said.

Ringstrom talked about possible sources of reasonable doubt he sees in the state’s claims that Mitchell intended to steal, like lapses in Carol Mitchell’s memory because of Alzheimer’s and the fact that Nicole Mitchell did not have any of her stepmother’s possessions when she was arrested in the house.

Ringstrom brought up law enforcement’s mishandling of evidence, saying police did not keep a backpack Nicole Mitchell brought with her or a note she had with her the night she was arrested.

“Unless the state can rule out that Nicole Mitchell entered just to check on Carol, then the verdict must be not guilty,” Ringstrom said.

Testimony this week

In more than three days of testimony, law enforcement officers recounted Nicole Mitchell’s arrest, including comments she made about entering to retrieve a couple of her father’s things.

Family members testified about Carol Mitchell’s fear of Nicole Mitchell, especially surrounding finances. Others told jurors they observed increasing paranoia and behavioral changes related to Carol Mitchell’s Alzheimer’s diagnosis.

Carol Mitchell’s own testimony was marked by memory lapses and inconsistencies with other testimony, and law enforcement body camera footage shown as evidence.

Nicole Mitchell testified for nearly five hours Thursday, talking about her concern about her stepmother as she experienced an Alzheimer’s-related mental decline, and intentions to check on her. In tearful testimony, she discussed the events leading to her arrest.

Two more witnesses

On Friday morning, the defense called its last two witnesses before resting its case.

The first was Cindy Markey, one of Nicole Mitchell’s aunts. She talked about Carol Mitchell’s relationship with the Mitchell side of the family. She was asked how Rod Mitchell, her brother, Carol Mitchell’s husband and Nicole Mitchell’s father, would have felt about Nicole Mitchell breaking into the house.

“He would not be happy about it, but he would also not be happy if we all gave up on Carol and didn’t check on her,” Markey said.

The defense also called in Jay Brody, who Nicole Mitchell supervised in the Wisconsin National Guard. He talked about conversations he had with Nicole Mitchell during which she expressed concern for her stepmother. He said Nicole Mitchell is a trustworthy and selfless person.

The felony burglary charge carries a mandatory minimum sentence of at least six months in jail or a county workhouse, and a maximum sentence of 20 years in prison and a $35,000 fine. Felony possession of burglary tools carries a maximum sentence of three years in prison and a $5,000 fine.

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El nuevo paquete de proyectos de ley aplica a todos los repartidores contratados —incluidos los que entregan alimentos, comestibles y otros productos—, y aborda cuestiones como remuneración, transparencia y normas de seguridad.

Repartidor de comida para aplicaciones en las calles de Manhattan en 2020. (Photo by Adi Talwar)

Este artículo se publicó originalmente en inglés el 16 de julio. Traducido por Victoria Moran Garcia. Read the English version here.

En una victoria liderada por organizaciones de base comunitaria, esta semana el Concejo de la ciudad votó a favor de ampliar la protección laboral de los repartidores.

El nuevo paquete de proyectos de ley aplica a todos los repartidores contratados —incluidos los que entregan alimentos, comestibles y otros productos—, y aborda cuestiones como remuneración, transparencia y normas de seguridad.

Varias organizaciones que respaldan a los repartidores de comida, junto con políticos locales, se reunieron en las escaleras de la alcaldía el lunes para celebrar la legislación, que los funcionarios dicen se basa en una ley aprobada en 2021 que ordenaba al Departamento de Protección del Consumidor y el Trabajador (DCWP por sus siglas en inglés) estudiar las condiciones de trabajo y el salario de los repartidores para establecer un salario mínimo. La tarifa inicial de $17.96 dólares entró en vigor en diciembre de 2023, junto con otras medidas de seguridad establecidas por el estudio.

“En el 2021, logramos impulsar el primer paquete legislativo. Seis leyes a favor de los trabajadores de reparto. Y logramos pasar ese paquete de leyes, pero quedaron vacíos legales que las plataformas aprovecharon y, lastimosamente, usaron en contra de los trabajadores, removiendo la opción de la propina y cambiando los métodos de pago” , dijo Gustavo Ajche, cofundador de Los Deliveristas Unidos, que representa a los repartidores.

“Gracias al Concejo Municipal hoy hemos logrado que esto cambiara”, dijo él.

Ampliación de protecciones y salario mínimo

Dos nuevos proyectos de ley —Intro. 1133-A patrocinado por la concejal Jennifer Gutiérrez e Intro. 1135-A de la concejal Sandy Nurse—,  cierran los vacíos legales que excluyeron de la ley de salario mínimo de 2023 a varios repartidores que trabajan para las aplicaciones.

Intro. 1133-A exige al DCWP que establezca un salario mínimo para todos los repartidores contratados. También amplía otras protecciones como acceso a bolsas isotérmicas para reparto, materiales de seguridad contra incendios y baños.

Intro. 1135-A requiere que los servicios de entrega de comestibles de terceros, como Instacart, paguen a sus trabajadores al menos el salario mínimo establecido por el DCWP.

“En 2021, el Concejo hizo historia al fijar un salario mínimo para los repartidores de comida. Eso fue algo muy importante, y trajo alrededor de $1.000 millones de dólares en aumento salarial para los trabajadores de entrega de alimentos, pero desafortunadamente, los trabajadores de entrega de comestibles quedaron fuera de eso”, dijo la concejal Sandy Nurse. “Intro. 1135 está corrigiendo esto. Vamos a crear un salario mínimo para los trabajadores de entrega de comestibles, y es lo correcto”.

Repartidores de comidoa en las escalera de la alcaldía el lunes. (Gerardo Romo / NYC Council Media Unit.)

Propinas y transparencia salarial

Dos proyectos de ley patrocinados por el concejal Sean Abreu abordan las propinas de los repartidores que trabajan para las aplicaciones.

Intro. 738-A requiere que los servicios de entrega de terceros ofrezcan a los clientes la opción de dar propina “antes o en el mismo momento en que se realiza un pedido”. Esta medida se toma en respuesta a que las aplicaciones dejaron de incluir las propinas en el momento del pago, luego de que los repartidores consiguieran el derecho a un salario mínimo en 2023.

“Cuando entró en vigor el salario mínimo para los repartidores, las aplicaciones tomaron represalias eliminando la opción de dejar propina”, dijo Abreu. “Solo porque hay un salario mínimo, este solo aplica al tiempo de trabajo activo desde el momento en que recoges el pedido hasta que lo entregas, pero no se aplica el salario mínimo por esperar esa llamada”.

Intro. 737-A obliga a las aplicaciones a sugerir una opción de propina de al menos el 10 por ciento del precio de compra tanto en los pedidos de alimentos como de supermercado. “Permítanme ser claro, es una recomendación, pero sabemos que cuando esas recomendaciones se presentan a los consumidores, es muy probable que las elijan”, dijo Abreu.

También se incluye la Intro. 859-A, que exige que “los servicios de entrega paguen a sus trabajadores contratados a más tardar [siete] días calendario después del final de un período de pago”.

Las aplicaciones también están obligadas a proporcionar a los trabajadores un estado de cuenta detallado que describe la remuneración por escrito, a más tardar siete días después del final del período de pago. Las aplicaciones de servicios de entrega deben conservar los registros durante al menos tres años y proporcionarlos a los empleados que lo soliciten.

Quienes se oponen a estos proyectos de ley dicen que afectarán negativamente a las pequeñas empresas al alejar a los clientes.

En junio pasado, DoorDash testificó contra los proyectos de ley 737, 738 y 859, diciendo que la aplicación del salario mínimo para los repartidores aumentó sus costos operativos, aumentando como resultado las tarifas a los consumidores.

Doordash Marketplace, la plataforma que utilizan los clientes para hacer pedidos, registró aproximadamente 850,000 pedidos menos, lo que resultó en aproximadamente $17.000 dólares en pérdida de ingresos para restaurantes y otros comerciantes locales”, dijo la compañía.

Para equilibrar esto, Doordash trasladó la opción de propina al final del pago, afirmando que es “muy accesible y está disponible durante múltiples puntos del proceso de entrega” y hasta 30 días después de la compra.

rabajadores siguen pidiendo protección legal contra las desactivaciones: periodos durante los cuales se bloquea la cuenta de un trabajador y se le prohíbe realizar entregas. (Photo by Victoria Moran Garcia)

Varias organizaciones y defensores de los derechos de los repartidores asistieron a la celebración del lunes, entre ellos Afrikana, un grupo comunitario de Harlem que trabaja con inmigrantes recién llegados, muchos de los cuales encuentran trabajo como repartidores.

La organización dijo que estos proyectos de ley son “un paso hacia la justicia para las comunidades que con demasiada frecuencia son invisibles en la fuerza laboral. Estamos hablando de una de las columnas vertebrales de la ciudad, nuestros deliveristas“.

“Creemos que todos los trabajadores, especialmente los migrantes, los repartidores y otras personas del sector, deben estar protegidos, ser respetados y recibir un salario justo”, dijo la directora ejecutiva, Adama Bah, en una declaración escrita leída por Macky Diallo, director de operaciones de Afrikana.

Aunque el grupo de repartidores y organizadores celebraron los nuevos proyectos de ley, dicen que hace falta más. En concreto, piden protección jurídica contra las desactivaciones: periodos durante los cuales se bloquea la cuenta de un trabajador y se le prohíbe realizar entregas.

“Estas compañías dicen que el pago mínimo nos costara nuestros empleos. Pero la verdad es que usan los bloqueos y las desactivaciones para evitar pagarnos lo que nos deben”, dijo Antonio Solís, líder de Los Deliveristas Unidos y repartidor de DoorDash. “Nos obligan a cumplir con plazos de entrega imposibles, agrupar varios pedidos y nos penalizan si no podemos completarlos. Nos ponen en peligro y nos obligan a elegir entre un salario digno, conducir con cuidado o perder nuestro trabajo”. 

“Por eso nuestra lucha no ha terminado”, añadió Solís. Necesitamos más protecciones contra las desactivaciones de cuentas injustas y leyes para poder defendernos de la presión de las tácticas de miedo de estas compañías”.

Para ponerse en contacto con la reportera de esta noticia, escriba a Victoriam@citylimits.org. Para ponerse en contacto con la editora, escriba a Jeanmarie@citylimits.org.

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