Brownsville bajo la influencia

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Nota del editor: Esta es la segunda parte de una serie de dos partes respaldada por el Pulitzer Center y la Beca de Periodismo de Investigación de la Ida B. Wells Society. Vea la primera parte aquí. (Read in English here).

En una tarde templada y nublada de finales de marzo de 2025, una multitud se congregó a las afueras del anfiteatro del Texas Southmost College, en el centro de Brownsville. Consigo traían pancartas, muchas de ellas dirigidas al alcalde de la ciudad, John Cowen, quien se encontraba en el interior pronunciando su discurso anual sobre el “Estado de la Ciudad.”

“Brownsville se encuentra en el umbral de su futuro,” dijo Cowen a los asistentes. El alcalde —quien también ejerce como presidente de la empresa familiar de logística internacional, con sede en la misma ciudad fronteriza que ahora dirige— describió diversas industrias que ya operan, o que pronto lo harán, en la zona. Varias corporaciones destacadas patrocinaron el evento, entre ellas NextDecade, con sede en Houston, la empresa detrás del proyecto colosal de exportación de gas Rio Grande LNG.

La frase “el umbral del futuro” se hizo eco del sentimiento de “Nueva Ciudad Espacial,” promovido inicialmente por la administración municipal anterior e inspirado por el sitio cercano de lanzamiento de SpaceX, propiedad de Elon Musk. Esta idea de fomento y promoción se ha plasmado en el eslogan recientemente ampliado de Brownsville: “En la frontera, junto al mar y más allá.” Sin embargo, en el exterior, entre los manifestantes, la expansión de la industria local —especialmente en el ámbito de las exportaciones de gas natural licuado (GNL)— no se percibía como un motor económico, sino como una amenaza existencial.

“Brownsville no puede seguir vendiéndonos a estas empresas contaminantes y tóxicas,” afirmó Josette Cruz Hinojosa, organizadora de la Red de Justicia Ambiental del Sur de Texas y excandidata a la Junta de Comisionados del Puerto de Brownsville. “La ciudad nos ha seguido fallando y nos está poniendo en peligro de manera directa; está poniendo en peligro a nuestros hijos y su futuro.”

Manifestantes afuera del Texas Southmost College en marzo de 2025 (Gaige Davila/Texas Observer)

Los funcionarios electos de la ciudad y del condado de Cameron circundante han integrado a Rio Grande LNG —instalación actualmente en construcción a 12 millas al este de Brownsville y que se prevé sea una de las dos más grandes de su tipo en el país por volumen de exportación—como pieza central de un esfuerzo regional destinado a transformar el Valle del Río Grande —una zona de aproximadamente 1,4 millones de habitantes, en su mayoría latinos, situada en el extremo sur de Texas—en un centro corporativo internacional. Los funcionarios radicados en Brownsville —ciudad de 192.000 habitantes y con una tasa de pobreza del 25%— han promovido esta planta de exportación como una importante fuente de empleo y de actividad económica relacionada. NextDecade se ha comprometido a generar al menos 5.000 puestos de trabajo en la fase de construcción y 437 empleos permanentes. A cambio de ello, el condado de Cameron otorgó a la empresa una exención fiscal de 373 millones de dólares con una vigencia de 10 años (cifra que equivale a cerca de 1.5 veces el presupuesto anual del condado).

Mientras tanto, los funcionarios más cercanos al emplazamiento del proyecto —situado en la zona ambientalmente sensible de Laguna Madre, hogar de comunidades mucho más pequeñas como Port Isabel, Laguna Heights, Laguna Vista, Long Island Village y South Padre Island— se han opuesto a la instalación a lo largo de la última década. Los gobiernos locales, la corporación de desarrollo económico de Port Isabel e incluso la empresa local de servicios de agua firmaron resoluciones oponiéndose a los proyectos de GNL, a medida que las empresas comenzaban a suscribir contratos de arrendamiento a lo largo del Canal de Navegación de Brownsville. El único distrito escolar de la zona rechazó las solicitudes de exenciones fiscales para las instalaciones de gas.

Tal como informó el Texas Observer en la primera parte de esta serie, la zona de Laguna Madre —que actualmente depende del turismo y la pesca— tiene motivos de preocupación. Líderes políticos y empresariales de otras zonas a lo largo de la costa del Golfo de Texas y hasta en Luisiana se han desvivido por atraer proyectos de gas natural licuado (GNL); en los años transcurridos desde entonces, han sido testigos de explosiones, contaminación atmosférica, una drástica reducción de los ingresos de la actividad camaronera y la transformación de barrios y espacios naturales. Como expresó una residente de toda la vida de la costa de Luisiana: su pueblo natal “nunca volverá a ser el mismo” y, dirigiéndose a los habitantes de la zona de Laguna Madre, añadió: “El pueblo de ustedes tampoco volverá a ser el mismo.”

Sin embargo, los funcionarios del área de Brownsville han ignorado estos riesgos, así como la oposición hiperlocal. Ahora, correos electrónicos y documentos obtenidos por el *Observer* revelan cómo esta postura pudo haber sido influenciada por una extensa labor de cabildeo —que se prolongó durante años— por parte de NextDecade; el condado de Cameron y la ciudad mantuvieron un contacto regular con la empresa mientras esta sorteaba diversos contratiempos legales. Los registros también muestran que NextDecade y estas entidades gubernamentales ya mantienen varias alianzas público-privadas en los ámbitos de servicios de emergencia y relaciones comunitarias, las cuales trascienden la exención fiscal que el condado otorgó a la empresa en 2017.

“Si tuviera que decirlo de manera concisa: son un montón de mamones,” afirmó Jared Hockema, administrador municipal de Port Isabel y político demócrata local, tras revisar los hallazgos del Observer que revelaban los contactos entre funcionarios de Brownsville y del condado de Cameron con NextDecade. “Eso es exactamente lo que son al hacer algo así: vender a sus propios vecinos.”

En 2022, el entonces jefe de cabildeo de NextDecade, David Keane, se dirigió por correo electrónico a la administradora de la ciudad de Brownsville, Helen Ramirez, para invitarla a unirse al Consejo Asesor Comunitario (CAB) de la empresa. Este consejo asesor mantendría “comunicaciones bidireccionales entre la comunidad —o las comunidades— y el proyecto Rio Grande LNG,” escribió.

Ramírez se incorporó como miembro permanente del grupo, el cual está compuesto casi en su totalidad por personas que apoyan públicamente a Rio Grande LNG, incluyendo a los funcionarios electos y administradores de mayor rango del condado, de la ciudad de Los Fresnos, del Puerto de Brownsville y de la ciudad de Brownsville, junto con varios ejecutivos de NextDecade. Las invitaciones por correo electrónico para las reuniones de la junta revelan la presencia de miembros adicionales, entre ellos personal de la Cámara de Comercio de Brownsville, de SpaceX y de otras entidades.

NextDecade afirmó haber creado el CAB para que la empresa “tomara conocimiento de cualquier inquietud de la comunidad y la abordara.” Sin embargo, el grupo también desempeñó un papel fundamental en la estrategia de NextDecade de utilizar a los funcionarios electos como herramienta de presión cuando Rio Grande LNG se enfrentó a la oposición.

En 2023, como parte de una batalla legal prolongada en torno a la planta, todos los miembros permanentes de la junta —a excepción de uno, el jefe de policía de Port Isabel, Robert Lopez— enviaron una carta a la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) señalando que el organismo regulador estaba tardando demasiado en volver a aprobar el proyecto Rio Grande LNG tras haber sufrido un revés. La FERC se encontraba analizando por segunda vez los posibles impactos de la planta en materia de justicia ambiental, a raíz de una demanda presentada por Port Isabel. Estas cartas fueron redactadas por terceros a instancias de NextDecade, tal como informó previamente DeSmog.

Antes de enviar esas cartas—tal como se desprende de correos electrónicos e invitaciones de calendario—Keane se reunió reiteradamente con funcionarios del condado de Cameron, quienes figuraban entre los remitentes. Unos meses más tarde, NextDecade obtuvo el respaldo financiero suficiente para iniciar la construcción de la planta Rio Grande LNG, hito que celebró con una “recepción para las partes interesadas” en Brownsville en agosto de 2023.

“Ha escrito cartas en nuestro nombre. Nos ha brindado su apoyo cuando lo hemos necesitado,” dijo Keane sobre el juez del condado Eddie Treviño, antes de presentarlo para que interviniera en el evento. “Probablemente se arrepienta de haberme dado su número de teléfono celular.” NextDecade inició las obras en la planta de GNL más tarde ese mismo año.

En mayo de 2024, Keane solicitó al CAB que asistiera a una reunión de la Corte de Comisionados para respaldar las enmiendas a la exención fiscal de NextDecade. Ese mismo agosto, la empresa instó a algunos miembros del CAB a “solidarizarse con RGLNG” después de que el proyecto perdiera su autorización de la FERC, a consecuencia de una demanda presentada por residentes de Port Isabel, la Tribu Carrizo/Comecrudo de Texas, la ciudad de Port Isabel y el Sierra Club. NextDecade redactó o editó testimonios, artículos de opinión y guiones de video para estos funcionarios electos, los cuales fueron publicados en el sitio web de la empresa y en medios de comunicación locales.

Ese mismo mes, y entrado septiembre, el equipo legal de NextDecade asesoró al abogado de la ciudad de Brownsville, Guillermo Treviño, en la presentación de un escrito amicus curiae como parte de la apelación de la empresa, según revelan varios correos electrónicos. Los asesores legales de NextDecade sugirieron argumentos, proporcionaron una plantilla para el escrito e indicaron la forma correcta de presentarlo. “Será interesante ver qué respuesta elaboran los peticionarios,” escribió Treviño a Keane.

“Gracias por su continuo apoyo,” escribió Matt Schatzman, CEO de NextDecade, en una nota dirigida a Cowen después de que la ciudad presentara su escrito de amicus curiae. “¡Superaremos esto y perseveraremos!”

En un correo electrónico al Observer en abril, Treviño dijo que “Los asesores legales de NextDecade no participaron en la redacción” del escrito y que “La mayor parte del mismo fue redactada por mí” con aportaciones de otras no vinculadas a NextDecade.

Los correos electrónicos revelan que los funcionarios de Brownsville y del condado de Cameron continuaron reuniéndose con frecuencia con representantes de NextDecade; estos últimos agradecieron reiteradamente a los primeros por sus cartas y su apoyo público. Esto incluyó la colaboración de NextDecade con el condado de Cameron en la redacción de un comunicado de prensa en el que se anunciaba que el proyecto Rio Grande LNG había recibido un premio estatal de desarrollo económico. Asimismo, las anotaciones en los calendarios indican que, en noviembre de 2024, NextDecade organizó almuerzos y cenas con funcionarios de Brownsville y del condado de Cameron, así como con representantes de la entidad financiera japonesa Mitsubishi UFJ Financial Group, la cual ejerce como asesor financiero de Rio Grande LNG.

El Canal de Navegación de Brownsville sigue siendo utilizado con fines recreativos. (Gaige Davila/Texas Observer)

En febrero de 2025, el Tribunal de Comisionados del Condado de Cameron invitó a un concejal, Joe Ricco, y al alcalde, Patrick McNulty —ambos de South Padre Island, una de las localidades del área de Laguna Madre que se ha opuesto al GNL— a hablar sobre la ampliación del centro de convenciones de su ciudad. El orden del día de la reunión de los comisionados incluía específicamente un punto en sesión ejecutiva para “consultar con el asesor legal del Tribunal de Comisionados en relación con posibles cuestiones jurídicas concernientes al centro de convenciones de South Padre.”

Durante la sesión ejecutiva, Ricco relató al Observer que el comisionado del condado de Cameron, David Garza, preguntó a los funcionarios de Padre Island si firmarían una “carta de apoyo” a favor de Rio Grande LNG en caso de que el condado respaldara la ampliación del centro de convenciones. Los funcionarios electos de la Isla respondieron que no lo harían.

Al ser consultado al respecto, Garza no confirmó ni desmintió haber solicitado a los funcionarios que apoyaran el proyecto de GNL; no obstante, afirmó que una carta de apoyo por parte de South Padre Island —en el periodo en que, según Ricco, tuvo lugar este intercambio— “no habría alterado el resultado, dado que el proyecto de GNL ya se encontraba establecido en el condado.” Cuando se le preguntó nuevamente si había consultado a los funcionarios sobre su disposición a apoyar el proyecto de GNL, Garza no ofreció respuesta. Ricco reiteró que dicho intercambio sí tuvo lugar, al momento en que el Observer le mostró la respuesta del comisionado.

La agenda y las actas de la reunión del 11 de febrero de 2025 no hacían referencia alguna a la discusión del proyecto de GNL con los funcionarios municipales. “A primera vista —y suponiendo que el relato del concejal sea correcto, esto plantea serios interrogantes sobre si la discusión celebrada en sesión ejecutiva excedió los límites permitidos por la Ley de Reuniones Abiertas,” afirmó Jim Hemphill, abogado de Austin que forma parte del comité ejecutivo de la Freedom of Information Foundation of Texas y que, por separado, asesora al Observer en cuestiones de difamación.

En noviembre de 2025, Ramírez, Cowen y varios funcionarios de la ciudad y de la Cámara de Comercio de Brownsville realizaron un viaje de cabildeo a Washington, D.C. El grupo —que incluía a altos ejecutivos de NextDecade y de Bechtel, la empresa encargada de la construcción de la planta de GNL— se reunió con los senadores Ted Cruz y John Cornyn, así como con el congresista del Valle Vicente González; todos ellos son partidarios del proyecto Rio Grande LNG. Tanto el viaje como una cena privada fueron patrocinados, en parte, por NextDecade. La Cámara—que designó a NextDecade como su “Miembro del Año” en 2025— declinó revelar la suma que NextDecade desembolsó para dicho viaje cuando el Observer le solicitó la información.

Al igual que otras empresas de GNL a lo largo de la costa, NextDecade está estableciendo una presencia omnipresente a nivel local, patrocinando eventos en las zonas de Laguna Madre y Brownsville, incluidos torneos de pesca, jornadas de limpieza de playas y el concurso anual de cocina de camarones de Port Isabel. Asimismo, NextDecade organiza ahora con regularidad “demostraciones sobre el GNL” en las escuelas de la zona, incluido el Distrito Escolar Independiente (ISD) de Point Isabel, el mismo distrito que rechazó la solicitud de exención fiscal de la empresa.

A medida que se expandían las plantas de GNL en otras comunidades del Golfo, también lo hacía su poder político y cultural entre los funcionarios electos, las cámaras de comercio locales y los equipos de respuesta a emergencias. NextDecade no es la excepción: la empresa acordó financiar el salario de un subjefe de bomberos del condado de Cameron durante cuatro años. También entregó a la ciudad de Brownsville cerca de 1.2 millones de dólares para cubrir el costo de un camión de bomberos que la ciudad adquirió en 2024. Según un plan de reparto de costos obtenido mediante una solicitud de registros públicos, NextDecade también pagará la capacitación de algunos de los bomberos de Brownsville para que puedan responder a emergencias en las instalaciones de Rio Grande LNG. Además, según estipula el plan, la empresa pagará por cualquier servicio municipal de bomberos y emergencias que reciba la planta una vez que esta entre en funcionamiento.

Cowen y Ramírez—este último, quien renunció a su cargo en la ciudad en diciembre de 2025—declinaron hacer comentarios para este reportaje.

Al reunirse con funcionarios locales, los representantes de NextDecade restaron importancia a los efectos negativos que Rio Grande LNG tendría en el área circundante, afirmando que la empresa mitigaría cualquier problema que surgiera, según funcionarios familiarizados con dichas conversaciones. Esto incluía la supuesta captura de carbono, consistente en eliminar el carbono durante el proceso de licuefacción e inyectarlo en un pozo para evitar que llegara a la atmósfera. NextDecade aseguró que este método eliminaría hasta el 90 por ciento de las emisiones anuales de carbono derivadas de las operaciones de Rio Grande LNG.

Esta tecnología contribuiría a convertir la planta en el “proyecto de GNL más ecológico del mundo,” tal como ha pregonado la empresa. Sin embargo, en 2024 —un año después de iniciada la construcción de la planta—NextDecade retiró su solicitud ante la FERC para incorporar la captura de carbono, alegando que dicha tecnología no estaba “suficientemente desarrollada.” La corporación sigue afirmando que Rio Grande LNG suministrará energía “baja en carbono,” pero aún no ha especificado de qué manera lo hará ni ha solicitado el permiso estatal pertinente.

En su más reciente evaluación ambiental del proyecto Rio Grande LNG, la FERC señaló que NextDecade estaba considerando un sitio de almacenamiento de carbono en el condado de Kleberg, a unas dos horas y media de Port Isabel. La presentación más reciente de la empresa ante los inversores indicaba que está «explorando un posible proyecto [de captura y almacenamiento de carbono]», pero no hacía ninguna otra mención sobre su desarrollo.

Con planes de expandirse más allá de su tamaño proyectado inicialmente y sin un sistema de captura de carbono implementado, las emisiones de gases de efecto invernadero de Rio Grande LNG serían aún mayores que las que la FERC analizó por primera vez en 2019. E incluso si Rio Grande LNG eliminara parte del carbono, solo eliminaría las emisiones provenientes de una etapa del proceso de licuefacción; no eliminaría otros contaminantes ni reduciría la cantidad de carbono que se fuga durante el transporte y que se libera durante la combustión del combustible.

Los correos electrónicos revelan que, en agosto de 2024, representantes de NextDecade comunicaron a funcionarios del condado de Cameron y de Brownsville que la empresa había retirado el sistema de captura de carbono del proyecto Rio Grande LNG; sin embargo, ningún funcionario respondió directamente. El juez del condado, Treviño, declaró al Observer el pasado mes de junio que esperaba con interés que dicho sistema formara parte del proyecto y confiaba en que este fuera reincorporado.


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La primera fase de construcción de la instalación continúa en curso. Si Rio Grande LNG amplía sus instalaciones hasta alcanzar los 10 “trenes”—término con el que se designa a las máquinas que enfrían y licúan el gas, tal como ha indicado ahora NextDecade, la planta exportará 60 millones de toneladas de gas al año, enviando potencialmente más de una docena de buques por semana a través del paso Brazos Santiago—donde el canal confluye con el Golfo—, lo que generaría horas de retraso para otras embarcaciones.

La expansión de Rio Grande LNG, más allá de sus planes iniciales, fue mencionada específicamente por la ciudad de Port Isabel cuando, en diciembre, volvió a demandar a la FERC ante el Tribunal del Circuito de D.C. —el mismo tribunal federal que, a principios del año pasado, había anulado la autorización otorgada a Rio Grande LNG por dicho organismo regulador—. La demanda se presentó después de que la FERC aprobara el proyecto por tercera vez, en septiembre, poco después de que la empresa completara una declaración complementaria de impacto ambiental ordenada por el tribunal.

La ciudad, la Red de Justicia Ambiental del Sur de Texas, el Sierra Club y Earthjustice señalaron en la demanda de diciembre que la FERC había vuelto a fallar en la medición precisa de los impactos de contaminación atmosférica generados por Rio Grande LNG, y que tampoco había incorporado los planes de expansión del proyecto en su análisis. Nathan Matthews, abogado sénior de Earthjustice y letrado principal de la demanda, afirmó que el tribunal podría tardar hasta un año en emitir un fallo.

La FERC señaló en su análisis de 2019 que el tráfico marítimo —tal como se proyectaba entonces— tendría impactos “permanentes y moderados” en las industrias pesqueras locales que utilizan el paso Brazos Santiago, incluidos los camaroneros, quienes ya luchan por mantenerse a flote.

“De por sí ya nos encontramos en una situación delicada, y cualquier pequeña cosa que agite ese equilibrio no hace más que empeorar las cosas”, declaró al Observer E.J. Cuevas, quien dirige la empresa camaronera Cuevas Trawlers en Port Isabel. Los camaroneros y otras embarcaciones ya deben coordinarse con las dragas que están profundizando el canal para dar cabida a los buques cisterna de GNL; un anticipo de lo que está por venir si esos navíos colosales comienzan a transitar por la zona de manera habitual.

Independientemente de si Rio Grande LNG llega a operar 10 trenes, constituirá una operación masiva que requerirá una respuesta de emergencia de igual magnitud en caso de que ocurra un accidente. Algunas ciudades del área de Laguna Madre no están satisfechas con la forma en que la empresa respondería ante un desastre, si este llegara a suceder. Hablando bajo condición de anonimato para tratar material confidencial, tres funcionarios locales declararon al *Observer* que los planes son inadecuados y que, incluso contando con capacitación en incendios industriales, los departamentos de bomberos locales carecen del equipamiento necesario para hacer frente a un desastre similar a la explosión de GNL ocurrida en 2022 más al norte, en Freeport, o a uno aún peor.

“Incluso si el Departamento de Bomberos de Brownsville acude a la zona, necesitarán la intervención de múltiples agencias,” comentó al Observer un funcionario local de servicios de emergencia que ocupa un cargo no electo. “Pueden enviar hasta el último maldito camión que tengan. No será suficiente.”

Se vislumbró lo que podría suceder después de que la nave Starship de SpaceX —que se lanza a 6 millas en línea recta del emplazamiento del proyecto de GNL— explotara en plena noche el pasado mes de julio. El Departamento de Bomberos de Brownsville se abstuvo de acudir a sofocar el incendio mientras las llamadas al 911 saturaban la línea de despacho. Nadie resultó herido; sin embargo, la explosión desbordó los servicios de emergencia de la ciudad durante horas.

Ya se han producido incendios en los generadores dentro del recinto de Rio Grande LNG, así como accidentes automovilísticos en sus inmediaciones; datos del TxDOT —solicitados por el *Observer*— revelan que estos últimos se han duplicado en la zona desde 2023, año en que comenzó la construcción. Asimismo, los informes de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) indican que se han registrado al menos dos accidentes laborales graves en dichas instalaciones.

Los análisis más recientes de la FERC sobre la planta Rio Grande LNG afirman que el riesgo de explosiones u otros desastres es «extremadamente bajo» debido a las medidas de mitigación que exige, las cuales incluyen planes de contención de derrames y de cierre de emergencia.

Mientras tanto, los residentes de la zona de Laguna Madre han recibido una porción relativamente ínfima de los empleos creados hasta la fecha por la planta. La empresa ha declarado en correos electrónicos dirigidos a funcionarios electos que el 70 por ciento de los empleados de construcción del proyecto son “locales,” término que define como personas provenientes de códigos postales situados en un radio de 100 millas de las instalaciones; un radio lo suficientemente amplio como para abarcar el área metropolitana de McAllen, mucho más poblada, ubicada en el vecino condado de Hidalgo. Según indican informes internos y correos electrónicos, entre mediados de 2023 y mediados de 2025, NextDecade mantuvo un promedio de alrededor de 1,400 empleos equivalentes a tiempo completo en Rio Grande LNG, de los cuales unos 50 correspondían a residentes de Port Isabel. Brownsville, junto con Mission y Edinburg, —dos ciudades del área metropolitana de McAllen— sumaba en conjunto cerca de 790 empleados. En los documentos revisados ​​por el Observer no figuraba ningún recuento actualizado de empleados ni un desglose de sus lugares de procedencia.

NextDecade no respondió a las reiteradas consultas sobre las cifras actuales de empleo local en las instalaciones. La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (Texas Workforce Commission) denegó las solicitudes relacionadas con los registros de empleo de la empresa.

Al menos seis de cada 10 personas que viven en el área de Laguna Madre trabajan en los barcos pesqueros o en las tiendas, restaurantes, hoteles y puestos de venta de carnada que tanto los lugareños como los turistas frecuentan durante todo el año, según datos del Censo. Estas industrias, de una forma u otra, dependen de las playas y bahías que las rodean, así como de los humedales interconectados y de la vegetación de matorral que se extiende más allá. Aunque la FERC afirma que no habrá impactos “significativos” en estas industrias, muchos residentes no se lo creen. Tampoco creen que los funcionarios del área de Brownsville apoyarían con tanto entusiasmo el GNL si la planta estuviera más cerca de ellos.

Mary Angela Branch, residente de Port Isabel y miembro de SaveRGV, una organización que se opone a SpaceX y al GNL en el sur de Texas, es una de las escépticas.

“Ellos no lo ven. No lo huelen. No tienen que conducir hacia ello al regresar a casa,” declaró Branch al Observer. “Tal vez si vinieran a la isla [de South Padre] y tuvieran que esperar un poco porque estuviera entrando el buque cisterna, o si se quedaran atrapados en el tráfico en la [carretera] 48…Pero eso no importó. Ni siquiera pensaron en ello. Y eso resulta tan insignificante en comparación con la forma en que nosotros nos vemos afectados por ello.”

Bechtel ya ha despejado cerca de mil acres de dunas de arcilla de importancia ecológica crítica, conocidas como lomas, junto con cualquier artefacto arqueológico que pudiera yacer bajo ellas, además de matorrales espinosos y otra flora nativa; todo ello ha sido reemplazado por grúas, tanques de almacenamiento y los trenes que se encargarán de licuar el gas. NextDecade ha establecido un área de conservación en Brownsville para, supuestamente, compensar este impacto; sin embargo, al igual que ocurre con la destrucción de un bosque primario, la eliminación de los humedales es irreversible. Si la planta llegara a dejar de operar, harían falta décadas para que la zona recuperara un estado similar al que tenía antes de la construcción.

Justo al otro lado de la carretera, frente al emplazamiento de Rio Grande LNG, se encuentra la Unidad Bahia Grande del Refugio Nacional de Vida Silvestre Laguna Atascosa: un recordatorio tangible del aspecto que tenía el terreno antes de la llegada de la planta e, incluso, antes de la construcción de la Carretera 48. En 2005, un proyecto interinstitucional, en el que participó el Condado de Cameron, desvió el flujo de agua desde el Canal de Navegación de Brownsville para comenzar a llenar las cuencas mareales vacías del refugio, lo que marcó un hito al convertirse en uno de los proyectos de restauración de estuarios más grandes en los Estados Unidos. Un año más tarde, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los EE. UU. otorgó un Premio Nacional de Conservación a la Junta de Comisionados del Condado de Cameron en reconocimiento a su labor.

Sin embargo, una Junta de Comisionados del condado que priorice el medio ambiente pertenece a una época pasada. Hockema, el administrador de la ciudad de Port Isabel, señaló que los anteriores líderes del condado rechazaron proyectos que resultaban perjudiciales para el entorno, tales como un vertedero en Los Fresnos y la perforación petrolera en la playa de Boca Chica (donde ahora se alza imponente SpaceX).

“El condado de Cameron fue precisamente la entidad que encabezó el proyecto para restaurar los humedales de Bahía Grande. Esa es la ironía de todo esto,” comentó Hockema al Observer. “Y, sin embargo, ahora lo están destruyendo. Es una locura.”

Hockema calificó de miope el enfoque del condado en la atracción de nuevas industrias, y afirmó que el desarrollo económico no debería tener prioridad sobre la seguridad pública, la calidad de vida o el medio ambiente.

El sitio de Rio Grande LNG visto desde el Canal de Navegación de Brownsville (Gaige Davila/Texas Observer)

Por su parte, el Juez del Condado, Treviño, concibe de manera diferente su responsabilidad como el funcionario electo de mayor rango en la administración condal. “Como condado —y en nuestra calidad de mayor gobierno local, consideramos que nuestro objetivo consiste en colaborar con diversas entidades, tanto pequeñas como grandes, para ayudarlas a concretar y alcanzar sus metas,” declaró Treviño al Observer.

Al preguntársele sobre la oposición de Port Isabel al proyecto, respondió que la ciudad sería la principal beneficiaria de Rio Grande LNG, dado que los empleados se alojarían, comerían y gastarían su dinero en el pueblo. Hockema se mostró parcialmente en desacuerdo, señalando que, si bien Port Isabel sí obtiene cierto movimiento comercial gracias a que los trabajadores realizan sus compras y consumen en la localidad, la mayoría de los empleados que trabajan en Rio Grande LNG no residen en la zona.

Treviño afirmó que el proyecto representaba una apuesta por parte del condado para atraer más empleos a la región y mitigar su índice de pobreza, y que, en este proceso, NextDecade debía actuar como un “buen vecino.” Asimismo, expresó que no creía que Rio Grande LNG resultara tan ambientalmente destructivo como vaticinan los “detractores.” 

“Debemos preocuparnos por el mañana,” declaró Treviño. “Si uno no se levanta y se atreve a batear, nunca logrará conectar un hit.”

Y continuó: “No obstante, las inquietudes son válidas y deben mantenerse siempre muy presentes, a fin de garantizar que estas industrias, tanto las pequeñas como las grandes, no generen un impacto negativo y permanente en nuestro entorno local.”

Un análisis de octubre de 2025 sobre datos públicos de emisiones, realizado por el Environmental Integrity Project, reveló que todas las instalaciones de GNL operativas en todo el país han incumplido sus límites de contaminación. Cinco instalaciones han violado la Ley de Agua Limpia (Clean Water Act), incluida Corpus Christi LNG, la cual se encuentra a unas tres horas de la zona de Laguna Madre y es, a día de hoy, la instalación operativa de exportación de gas más cercana.

Según la FERC, incluso contando con solo seis trenes, cuatro menos de los que NextDecade tiene previsto desarrollar, Rio Grande LNG emitiría anualmente cerca de 6.5 millones de toneladas de gases de efecto invernadero y decenas de miles de libras de contaminantes atmosféricos. Esto equivale a las mismas emisiones de gases de efecto invernadero que generaría el funcionamiento de unas dos centrales eléctricas de carbón, según la calculadora de gases de efecto invernadero de la Agencia de Protección Ambiental.

Treviño afirmó confiar en que NextDecade cuenta con las tecnologías y salvaguardas más modernas para prevenir accidentes como la explosión ocurrida en Freeport LNG en 2022; no obstante, añadió que el condado vigilará de cerca a la empresa.

Treviño afirmó confiar en que NextDecade cuenta con las tecnologías y salvaguardas más modernas para prevenir accidentes como la explosión ocurrida en Freeport LNG en 2022, aunque añadió que el condado vigilará de cerca a la empresa.

«Las cosas siempre pueden cambiar, pero creo que, tanto a corto como a largo plazo, esto resultará ser algo netamente positivo. Eso es por lo que rezo».

NextDecade prevé comenzar la producción de GNL en la planta en 2027.

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The Gas Peddle

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Editor’s Note: This is part two of a two-part series supported by the Pulitzer Center and the Ida B. Wells Society Investigative Reporting Fellowship. See part one here. (Leer en español aquí.)

On a balmy, overcast afternoon in late March 2025, a crowd gathered outside Texas Southmost College’s auditorium in downtown Brownsville. With them came signs, many of them directed at the city’s mayor, John Cowen, who was giving the annual “State of the City” address inside. 

“Brownsville is at the edge of its future,” Cowen told attendees. The mayor, who also serves as president of his family’s international logistics company, headquartered in the border city he now leads, described various industries operating, or soon to be operating, in the area. Some prominent corporations sponsored the event, including Houston-based NextDecade, the company behind the gargantuan gas export project Rio Grande LNG.

The phrase “edge of the future” echoed the “New Space City” sentiment first promoted by the previous mayoral administration and inspired by Elon Musk’s nearby SpaceX launch site. The boosterish idea is codified in Brownsville’s newly expanded slogan: “On the border, by the sea, and beyond.” Outside among the protesters, however, local industry expansion, especially in liquefied natural gas (LNG) exports, was not seen as an economic driver but an existential threat.

“Brownsville cannot keep selling us out to these toxic polluters,” said Josette Cruz Hinojosa, an organizer with the South Texas Environmental Justice Network and onetime candidate for the Port of Brownsville’s board of commissioners. “The city has continued to fail us, and the city is endangering us directly—endangering our children and their future.”

Protestors outside Texas Southmost College on March 26, 2025 (Gaige Davila/Texas Observer)

Elected officials with the city and surrounding Cameron County have incorporated Rio Grande LNG, under construction 12 miles east of Brownsville and expected to be one of the country’s two largest such facilities by export volume, as a core part of an area-wide effort to remake the Rio Grande Valley—the region of about 1.4 million mostly Latino residents at Texas’ southern tip—into an international corporate hub. Officials rooted in Brownsville, population 192,000 with a 25 percent poverty rate, have promoted the export plant as a major source of jobs and related economic activity. NextDecade promises to provide at least 5,000 construction jobs and 437 permanent positions. For this, Cameron County handed the company a 10-year, $373 million tax break (about 1.5 times the county’s annual budget). 

Meanwhile, officials nearer the project site in the environmentally sensitive Laguna Madre area—home to the much smaller communities of Port Isabel, Laguna Heights, Laguna Vista, Long Island Village, and South Padre Island—have opposed the facility over the past decade. Local governments, Port Isabel’s economic development corporation, and even the local water utility signed resolutions opposing LNG projects as companies started signing leases along the Brownsville Ship Channel. The area’s lone school district rejected tax abatement requests for gas facilities. 

As the Texas Observer reported in part one of this series, the Laguna Madre area, which currently depends on tourism and fishing, has cause for concern. Political and business leaders elsewhere along the Texas Gulf Coast and into Louisiana have bent over backward to bring in LNG; in the years since, they’ve seen explosions, air pollution, gutted shrimping income, and transformed neighborhoods and natural spaces. As one lifelong resident of the Louisiana coast put it: Her hometown’s “never going to be the same,” and for the people of the Laguna Madre area, she said, “Your hometown’s not going to be the same neither.”

Yet Brownsville-area officials have ignored these risks along with the hyperlocal opposition. Now emails and documents obtained by the Observer reveal how this posture may have been influenced by an extensive and yearslong lobbying effort by NextDecade, with Cameron County and the city being in regular contact with the company as the firm worked through various legal setbacks. The records also show that NextDecade and these governments already have several public-private partnerships in the areas of emergency services and community relations, going beyond the tax abatement that the county granted the company in 2017.

“If you want to put it succinctly, they’re a bunch of mamones,” said Jared Hockema, Port Isabel’s city manager and a local Democratic politico, after reviewing the Observer’s findings showing the contacts between Brownsville and Cameron County officials and NextDecade. “That’s exactly what they are, doing something like this—selling out your neighbors.” 

In 2022, NextDecade’s then-chief lobbyist, David Keane, approached Brownsville City Manager Helen Ramirez via email to join the company’s Community Advisory Board (CAB). This advisory board would engage in “two-way communications between the community or communities and the Rio Grande LNG project,” he wrote

Ramirez joined as a permanent member of the group, which is almost entirely made up of people who publicly support Rio Grande LNG, including the highest elected officials and administrators from the county, the City of Los Fresnos, the Port of Brownsville, and the City of Brownsville, along with several NextDecade executives. Email invitations for the board meetings show additional members, including staff from the Brownsville Chamber of Commerce, SpaceX, and more. 

NextDecade claimed it created the CAB for the company to “become aware of any community concerns and address them.” But the group was also instrumental in NextDecade’s strategy to use elected officials for leverage when Rio Grande LNG faced opposition. 

In 2023, as part of a long-running legal battle over the plant, all but one permanent member of the board—Port Isabel’s police chief, Robert Lopez—sent a letter to the Federal Energy Regulatory Commission (FERC) saying the regulator was taking too long to reapprove Rio Grande LNG after it had faced a setback. FERC was analyzing the plant’s potential environmental justice impacts for a second time, prompted by a lawsuit from Port Isabel. These letters were ghostwritten by NextDecade, as previously reported by DeSmog

Prior to sending those letters, as shown in emails and calendar invites, Keane met repeatedly with Cameron County officials, who were among the senders. A few months later, NextDecade got enough financial backing to start construction of the Rio Grande LNG facility, celebrating the milestone at a “stakeholder reception” in Brownsville in August 2023. 

“He’s written letters on our behalf. He’s been a supporter when we needed him,” Keane said of County Judge Eddie Treviño before introducing him to speak at the event. “He’s probably sorry that he gave me his cell phone number.” NextDecade broke ground on the LNG site later that year.

In May 2024, Keane asked the CAB to turn out at a commissioners court meeting to support amendments to NextDecade’s tax abatement. That August, the company called on some CAB members to “stand with RGLNG” after the project lost its FERC authorization—because of a lawsuit from Port Isabel residents, the Carrizo/Comecrudo Tribe of Texas, the City of Port Isabel, and the Sierra Club. NextDecade wrote or edited testimonials, op-eds, and video scripts for these elected officials that were published on the company’s website and in local news publications. 

That same month, and into September, NextDecade’s legal team guided City of Brownsville attorney Guillermo Treviño in filing an amicus brief as part of the company’s appeal, emails show. NextDecade’s legal counsel suggested arguments, a template for the brief, and how to properly file it. “It will be interesting to see what response the petitioners come up with,” Treviño wrote to Keane. 

“Thank you for your continued support,” Matt Schatzman, NextDecade’s CEO, wrote in a note to Cowen after the city filed its amicus brief. “We will get through this, and persevere!” 

In an email to the Observer this April, Treviño said that “NextDecade’s legal consultants did not participate in the drafting” of the brief and that “The majority of it was written by me” with input from others unaffiliated with NextDecade.

Brownsville and Cameron County officials continued to frequently confer with NextDecade representatives, emails show, with the latter repeatedly thanking the former for letters and public support. This included NextDecade helping Cameron County edit a press release announcing that the Rio Grande LNG project had won a state economic development award. In November 2024, calendar entries show that NextDecade hosted lunch and dinner meetings with Brownsville and Cameron County officials and representatives of the Japanese financier Mitsubishi UFJ Financial Group, which is a financial adviser for Rio Grande LNG. 

The Brownsville Ship Channel is still used recreationally by locals. (Gaige Davila/Texas Observer)

In February 2025, the Cameron County Commissioners Court invited a council member, Joe Ricco, and the mayor, Patrick McNulty, both of South Padre Island—one of the Laguna Madre-area towns that has opposed LNG—to speak about expanding their city’s convention center. The agenda for the commissioners meeting specifically included an executive-session item to “confer with commissioners’ court legal counsel regarding possible legal issues with the South Padre convention center.”

During the executive session, Ricco told the Observer, Cameron County Commissioner David Garza asked the Padre Island officials if they were going to sign a “letter of support” for Rio Grande LNG if the county backed the convention center expansion. The Island elected officials said they wouldn’t.

When asked about this, Garza did not confirm or deny whether he asked the officials to support the LNG project, but he said that a support letter from South Padre Island during the time frame Ricco said this exchange occurred “would not have altered the outcome, as LNG was already established in the county.” When asked again whether he asked the officials if they were going to support the LNG project, Garza did not respond. Ricco reiterated that the exchange occurred when the Observer showed Ricco the commissioner’s response. 

The agenda and minutes for the February 11, 2025, meeting made no reference to discussion of the LNG project with the city officials. “On its face, assuming the council member’s account is correct, it does raise serious questions about whether the discussion in executive session went beyond what’s allowed under the Open Meetings Act,” said Jim Hemphill, an Austin attorney on the executive committee of the Freedom of Information Foundation of Texas who separately advises the Observer on libel matters.

In November 2025, Ramirez, Cowen, and several city and Brownsville Chamber of Commerce staff took a lobbying trip to Washington, D.C. The group, which included senior employees of NextDecade and Bechtel, the company constructing the LNG plant, met with Senators Ted Cruz and John Cornyn, as well as Valley Congressman Vicente Gonzalez, all of whom support Rio Grande LNG. The trip and a private dinner were partly sponsored by NextDecade. The chamber, which designated NextDecade its 2025 “Member of the Year,” declined to disclose how much NextDecade paid for the trip when asked by the Observer.

Like other LNG companies up along the coast, NextDecade is building an omnipresence locally, sponsoring events throughout the Laguna Madre and Brownsville areas, including fishing tournaments, beach cleanups, and Port Isabel’s annual shrimp cook-off. NextDecade also now regularly hosts “LNG demonstrations” at area schools, including in Point Isabel ISD, the same district that rejected the company’s tax abatement request. 

As the LNG plants in other Gulf communities expanded, so did their political and cultural power among elected officials, local chambers of commerce, and emergency responders. NextDecade is no different: The company agreed to fund the salary of a Cameron County deputy fire marshal for four years. It also gave the City of Brownsville nearly $1.2 million to cover the cost of a fire truck the city bought in 2024. According to a cost-sharing plan acquired through a records request, NextDecade will also pay for training some of Brownsville’s firefighters to respond to emergencies at the Rio Grande LNG facility. The company will additionally pay, the plan says, for any city fire and emergency services that the plant receives once it starts operating. 

Cowen and Ramirez, the latter of whom resigned from the city in December 2025, declined to comment for this story. 

When meeting with local officials, NextDecade representatives downplayed the negative effects that Rio Grande LNG would have on the surrounding area, saying the company would mitigate whatever issues came up, according to officials familiar with those conversations. This included so-called carbon capture, removing carbon during the liquefaction process and injecting it into a well so that it would not go into the atmosphere. NextDecade claimed this would remove up to 90 percent of the yearly carbon emissions from Rio Grande LNG’s operations. 

This technology would help make the plant the “greenest LNG project in the world,” as the company has touted. But, in 2024, a year into constructing the plant, NextDecade pulled its FERC application to incorporate carbon capture, saying the technology wasn’t “sufficiently developed.” The corporation still says Rio Grande LNG will provide “low-carbon” energy but has yet to specify how or apply for a related state permit.

In its latest environmental assessment of the Rio Grande LNG project, FERC said that NextDecade was considering a carbon storage site in Kleberg County, about two and a half hours away from Port Isabel. The company’s most recent investor presentation said that it’s “exploring a potential [carbon capture storage] project” but makes no other mention of its development. 

With plans to expand beyond its initial projected size and no carbon capture system in place, Rio Grande LNG’s greenhouse gas output would be even larger than what FERC first analyzed in 2019. And even if Rio Grande LNG removes some carbon, it would remove only the emissions from one part of the liquefaction process: It would not remove other pollutants or reduce how much carbon is leaked during transport and released by the fuel’s burning

Emails show that NextDecade representatives told Cameron County and Brownsville officials in August 2024 that the company had pulled the carbon capture system from Rio Grande LNG, but no officials directly responded. County Judge Treviño told the Observer last June that he had been looking forward to the system being a part of the project and he hoped it would return. 


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The first construction phase of the facility remains underway. If Rio Grande LNG builds out to 10 “trains”—the term for the machines that chill and liquefy the gas—as NextDecade has now indicated, the plant will export 60 million tons of gas per year, potentially sending more than a dozen ships per week through the Brazos Santiago Pass, where the channel meets the Gulf, creating hours of delays for other vessels. 

Rio Grande LNG’s expansion beyond its initial plans was mentioned specifically by the City of Port Isabel when it again sued FERC in December in the D.C. Circuit Court, the same federal court that had canceled Rio Grande LNG’s authorization by the regulator earlier last year. The lawsuit came after FERC had approved the project for the third time, in September, shortly after the company completed a court-ordered supplemental environmental impact statement. 

The city, the South Texas Environmental Justice Network, the Sierra Club, and Earthjustice said in the December lawsuit that FERC had again failed to accurately measure the air pollution impacts of Rio Grande LNG, nor had the regulator incorporated the project’s expansion plans into its analysis. Nathan Matthews, senior attorney for Earthjustice and the lead attorney on the suit, said it could take up to a year for the court to rule. 

FERC noted in its 2019 analysis that ship traffic, as then projected, would have “permanent and moderate” impacts on local fishing industries that use the Brazos Santiago Pass, including shrimpers, who are already struggling to remain in business.
“We’re in a sensitive state as it is, and any little thing to agitate that just makes it worse,” E.J. Cuevas, who runs the shrimping company Cuevas Trawlers in Port Isabel, told the Observer. Shrimpers and other vessels already must coordinate with the dredge ships that are deepening the channel to fit LNG tankers, a precursor for what’s to come if the hulking ships regularly start making their way through. 

Regardless of whether Rio Grande LNG reaches 10 trains, it will be a massive operation, requiring an equally large emergency response if an accident occurs. Some Laguna Madre-area cities aren’t satisfied with how the company will respond to a disaster, if one happens. Speaking on background to discuss confidential material, three local officials told the Observer that the plans are inadequate and that, even with industrial fire training, local fire departments are unequipped to handle a disaster akin to a 2022 LNG explosion that occurred up the coast in Freeport or worse. 

“Even if Brownsville Fire responds out there, they’re going to need multiple agencies to respond,” one local emergency services official in a nonelected position told the Observer. “They can send every damn truck that they have. It’s not going to be enough.” 

A glimpse of what could happen was seen after SpaceX’s Starship, which launches 6 miles as the crow flies from the LNG project site, exploded in the middle of the night last July. The Brownsville Fire Department held back from responding to the blaze as 911 calls flooded the dispatch line. Nobody was hurt, yet the explosion overwhelmed the city’s emergency services for hours.

There have already been generator fires at the Rio Grande LNG site, along with car accidents outside of it, which TxDOT data obtained by the Observer shows have doubled in the area since 2023, the year construction started. Occupational Safety and Health Administration (OSHA) reports also show that at least two serious workplace accidents have happened at the location. 

FERC’s most recent analyses of the Rio Grande LNG plant say the risk of explosions or other disasters is “extremely low” because of the mitigation precautions it requires, including spill containment and emergency shutdown plans. 

Meanwhile, Laguna Madre-area residents have gotten a relatively paltry portion of the jobs created so far by the plant. The company has said in emails to elected officials that 70 percent of the project’s construction employees are “local”—which it defines as people from zip codes within 100 miles of the facility, a radius wide enough to encompass the more-populous McAllen metro area in neighboring Hidalgo County. From mid-2023 to mid-2025, internal reports and emails indicate that NextDecade maintained an average of around 1,400 full-time-equivalent jobs at Rio Grande LNG, with about 50 of these coming from Port Isabel. Brownsville, along with Mission and Edinburg—two cities in the McAllen metro—had around 790 combined. There was no current count of employees or breakdown of their origins in the documents reviewed by the Observer

NextDecade did not respond to repeated inquiries about current local employment numbers at the site. The Texas Workforce Commission denied requests related to the company’s employment records.

At least six of every 10 people who live in the Laguna Madre area work on the fishing boats or in the stores, restaurants, hotels, and bait stands that both locals and tourists frequent year-round, according to Census data. These industries, in some form or another, rely on the beaches and bays that surround them, along with interconnected wetlands and the brush beyond. Though FERC says there won’t be “significant” impacts to these industries, many residents aren’t believing it. Nor are they believing that Brownsville-area officials would be as supportive of LNG if the plant was closer to them. 

Mary Angela Branch, a Port Isabel resident and member of SaveRGV, an organization that opposes SpaceX and LNG in South Texas, is one of the doubters.

“They’re not seeing it. They’re not smelling it. They’re not driving home to it,” Branch told the Observer. “Maybe if they came out to [South Padre] Island and they had to wait a little bit because the tanker was coming in, or sitting in traffic on [Highway] 48. But that didn’t matter. They didn’t even think about that. And that’s so minuscule compared to how we are impacted by it.” 

Bechtel has already cleared nearly a thousand acres of ecologically critical clay dunes called lomas—along with whatever archaeological artifacts may lie beneath them—plus thornscrub and other native flora, replacing them with cranes, storage tanks, and the trains that will liquefy the gas. NextDecade has established a conservation area in Brownsville to ostensibly compensate, but similar to destroying old-growth forest, the erasure of wetlands is often practically irreversible. It would take decades for the area to return to a state similar to that from before the construction, if the plant were to ever cease operating.

Across the road from the Rio Grande LNG site is the Bahia Grande Unit of the Laguna Atascosa National Wildlife Refuge, a tangible reminder of what the land looked like before the plant and even before Highway 48. In 2005, a multi-agency project that included Cameron County rerouted water from the Brownsville Ship Channel to begin filling the empty tidal basins of the refuge, marking one of the largest estuary-restoration projects in the United States. A year later, the U.S. Fish and Wildlife Service presented a National Conservation Award to the Cameron County Commissioners Court for its role.

But an environment-forward county commissioners court belongs to a bygone era. Hockema, the Port Isabel city manager, said past county leadership rejected projects that were environmentally damaging, such as a landfill in Los Fresnos and oil drilling in Boca Chica Beach (where SpaceX now looms). 

“Cameron County is the one that led the project to restore the Bahia Grande [wetlands]. That’s the irony of all this,” Hockema told the Observer. “And then now they’re destroying it. It’s crazy.” 

Hockema called the county’s focus on new industry myopic, and he said economic development shouldn’t take precedence over public safety, quality of life, or the environment.

The Rio Grande LNG site as seen from the Brownsville Ship Channel (Gaige Davila/Texas Observer)

County Judge Treviño, meanwhile, sees his responsibility as the county’s highest elected official differently. “We view our goal as a county, as the largest local government, to work with entities, small and large, to help them accomplish and reach their goals,” Treviño told the Observer

When asked about Port Isabel’s opposition to the project, he said the city stood to benefit the most from Rio Grande LNG because employees would stay, eat, and spend money in town. Hockema partly disagreed, noting that while Port Isabel does get some business from workers shopping and eating in town, most employees working at Rio Grande LNG don’t live in the area.

Treviño said the project amounted to the county taking a chance on bringing more jobs to the area and alleviating its poverty rate—and that NextDecade needed to be a “good neighbor” in doing so. He said he didn’t believe that Rio Grande LNG would be as environmentally destructive as the “naysayers” predict. “We got to be worried about tomorrow,” Treviño said. “If you don’t get up and take a swing, you’re never going to get a hit.” 

He continued, “but the concerns are valid, and they should always be on top of mind, making sure that these industries, small and large, don’t have a negative, permanent impact on our local environment.”

An October 2025 analysis of public emissions data by the Environmental Integrity Project found that every operating LNG facility nationwide has violated its pollution limits. Five facilities have violated the Clean Water Act, including Corpus Christi LNG, which is about three hours from the Laguna Madre area and, as of now, the closest operating gas export facility. 

Even with only six trains, four fewer than NextDecade is planning to develop, Rio Grande LNG, FERC says, would emit about 6.5 millions tons of greenhouse gasses and tens of thousands of pounds of air pollution a year. That’s the same greenhouse gas emissions that would come out of about two coal plants, according to the Environmental Protection Agency’s greenhouse gas calculator. 

Treviño said he trusted that NextDecade has the most current technologies and safeguards to prevent accidents like Freeport LNG’s 2022 explosion, though he added that the county would watch the company closely.

“Things can always change, but I think, both short and long term, this is going to be a net-positive thing. That’s what I’m praying for.”

NextDecade expects to start producing LNG at the plant in 2027. 

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Editor’s Letter: Introducing Our May/June 2026 Issue

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Texas Observer reader, 

Thus, it ends as it began as it begins as it ended. Or something like that.

The state, and to some extent the nation, waits to see who prevails between John Cornyn and Ken Paxton in the May 26 runoffs. Trump could still endorse (and may indeed do so in the gap between press time for this magazine and when you read it), but he let pass the deadline for either candidate to formally drop out. The third GOP hopeful, Wesley Hunt, turned out to be nothing more than a marginal spoiler ensuring said runoff. 

On the blue side, the front-runner from last fall, James Talarico, indeed secured the Senate nomination after all—leaving his truncated tiff with Jasmine Crockett as one of those feverish episodes short-lived enough to feel more like a vexatious dream than history. 

We, meanwhile, soldier on through the inexplicably long gap between our early-March primary and late-May secondary primary (a new name to suit the absurdity). Only two other states are unwell enough to hold their midterm primaries as early as we do, and neither waits so long as Texas to then finish the job. For that matter, most states don’t have primary runoffs at all; instead, they presumably just enjoy the springtime like normal humans.

Yet, here we are, with just a few long weeks and the consciences of a tiny group of hardcore Republicans between us and a likely railroad commissioner who believes that every single Muslim in America should be deported. Godspeed to us all.

And here we are as well (flawless transition), with the Observer’s third issue of the year. 

I’ve been thinking, in the two years now that I’ve been editor, about what our covers should be for. It’s a tricky call. I want them to genuinely catch your interest, so I don’t want you to feel like you’ve basically already read the stories they advertise. At the same time, they can’t be so obscure that you’re perplexed. Sometimes, I think they should be a reprieve from an ambient heaviness; other times, they should be a call to skip brunch and take to the streets. And sometimes, perhaps just one time, they should be a rattlesnake.

May/June 2026 cover (Adrià Voltà/Texas Observer)

This issue’s cover, I hope, will serve as a planted flag. A statement of principle in the face of political headwinds blowing from both sides of the aisle. Something small to hold onto as some Democrats—in this election season without end—subject civil rights to political expediency.

Solidarity,

Note: To be the first to get all the stories in our bimonthly issues, become a Texas Observer member here.

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As License Plate Readers Expand in Texas, Privacy Advocates Are Fighting Back 

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Last week the City of Kyle, a fast-growing Austin suburb, interrupted a string of recent victories won by local activists to thwart the further expansion of police surveillance technology across Central Texas. 

On April 21, council members overwhelmingly voted 6-1 to authorize the Kyle Police Department to apply for another state grant—worth up to $381,200—to continue funding at least 38 preexisting Flock Safety automated license plate readers (ALPRs).

Most of the local residents in attendance who spoke on the issue opposed the city’s move to obtain further funding for the artificial intelligence-powered network of surveillance cameras. “There’s one cell-phone tower within a mile of my house, and there’s four Flock cameras. You need a warrant to check my cell site records, but you have more granular data from the cameras than you do from [the cell tower],” David Moss, a Kyle resident, told the city council at the meeting.  

Flock has sold nearly 92,000 such cameras to local police departments across the nation—including more than 10,000 in Texas, according to an open source map of the cameras compiled by DeFlock. The City of Kyle has had them since 2024. The cameras record the license plate numbers of trafficking motorists going about their daily routines and store immense logs of surveillance data that can be queried by participating law enforcement agencies across the nation. The records are stored for at least 30 days before being deleted, except in cases in which the data is pulled from the system for investigative purposes.

Downtown Kyle in 2020 (Shutterstock)

Flock has come under fire from privacy advocates as well as local activists concerned about surveillance technology for allowing law enforcement agencies to conduct unrestricted searches of its data—including for the purposes of immigration enforcement and, in at least one instance, an abortion investigation. 

Flock Media Relations Manager Evan White told the Texas Observer that while the company doesn’t work directly with U.S. Customs and Border Protection or Immigration and Customs Enforcement (ICE), “Agencies choose with whom to share data and can change or revoke their sharing settings at any point.”

Kyle City Council member Claudia Zapata was the lone vote against the grant application. “The fact that we have definitive proof that not only Texas DPS, but agencies across the nation, have tracked our system and used it in order to enforce immigration is, to me, disgusting,” she told the Observer, referring to the Department of Public Safety by its initials. “Some of [my colleagues], not all of them, vocally say that they care about immigrants, yet here is a tool that is being used to create a faster pipeline for their deportation, and they’re still for it.”

Council member Melisa Medina, who voted in favor of applying for a new Flock grant, said at a prior meeting that, “If something were to happen to [my daughter] I would definitely want that technology available, to be able to find that person.”

According to Zapata, Kyle’s internal ALPR policy does not mandate that an officer have reasonable suspicion or probable cause to conduct a search of the city’s Flock data.

Kyle Police Chief Jeff Barnett told council members that officers need only a “valid investigative reason” to conduct searches of the department’s ALPR data. The searches are “logged indefinitely, which allows for regular audits and to ensure our staff are using it in a proper manner,” he said. 

According to audit logs of the city’s Flock system reviewed by the Observer, the Kyle Police Department searched its own ALPR data at least 2,891 times from January through March of this year. The audit logs also show police from 18 other agencies across 10 states conducted at least 117 searches of Kyle’s Flock data that were related to immigration enforcement this year, with well over half of the searches flagged as “ICE.”

The Kyle audit logs also show that DPS conducted at least 10 immigration-related searches flagged as “civil and/or administrative,” which may involve warrants that aren’t signed by a judge. As reported by 404 Media, Texas law enforcement agencies conducted at least 180 searches of ALPR data in connection with immigration enforcement activity from January to May 2025. DPS did not respond to the Observer’s request for comment. 

At least 17 other searches of Kyle ALPR data flagged as civil and/or administrative were conducted by out-of-state police departments, mostly from Florida. The logs show hundreds of police agencies have access to the city’s Flock data. 

Another query, from January 5, by the local police department in Lebanon, Tennessee, listed “Obstructing Justice – Suspicious female filming traffic stop and making comments about ICE” as the reason for the department’s search of Kyle’s Flock data. Both filming police and speaking out against ICE are protected activities under the First Amendment.

Searches like these are why local municipalities have begun pushing back against the rapid adoption and expansion of such technologies, said Kabbas Azhar, a fellow with the Electronic Privacy Information Center. “In general, the use of Flock currently is completely unregulated,” he told the Observer. Even when cities and states do impose regulations, the Flock system is essentially run on the honor system, Azhar says.

Council member Zapata said she’s concerned about the possibility of the Hays County sheriff, who is a Republican, entering into a task force agreement with ICE (which wouldn’t require approval from the Democratic-controlled commissioners court) and using the city’s Flock data to carry out immigration enforcement.  

Under a state law passed during the last legislative session, all county sheriffs must request or enter into a 287(g) agreement with ICE, which deputizes state and local authorities to carry out certain immigration enforcement duties, by December 1. Last year, DPS entered into a task force agreement—the most expansive type of 287(g) arrangement—that effectively deputizes state troopers to act as federal immigration agents. DPS has been particularly aggressive in expanding its arsenal of AI-powered surveillance technology in recent years.  

Last year, DPS entered into a $26-million contract with Flock. (The state then also fined Flock earlier this year for operating without a license in violation of state law.) 

Additionally, anti-surveillance activists remain concerned about how the data is being used in abortion investigations in a state that has largely outlawed the procedure. Last May, for instance, 404 Media reported that the Johnson County Sheriff’s Office in North Texas had entered “had an abortion, search for female” as the reason for conducting a nationwide search of Flock cameras. Despite the local officers’ attempt to frame the search as a welfare check, an affidavit obtained by the Electronic Frontier Foundation (EFF) confirmed deputies initiated the search as part of a “death investigation” of a “non-viable fetus.”   

While Kyle has moved to maintain its surveillance infrastructure, other jurisdictions in the region have cut off Flock Safety and other similar tech—thanks in part to organizing led by a “No ALPRs” community coalition featuring over 30 state and local organizations. 

In June, San Marcos and Austin voted against the rapid uptake of ALPRs. While San Marcos voted to block a further expansion of its Flock camera network, Austin completely did away with more than 540 Axon and Flock ALPR cameras after the coalition pressured the city to hit the brakes. In October, Lockhart voted against a proposal to enter into a contract with Flock for seven new ALPRs after similar community pushback. Hays County, where Kyle is located, quickly followed suit, becoming the first county in the state to end its contract, which was for at least six Flock cameras.

In February, however, DPS began essentially overriding the local decisions of Austin and others by installing several Flock cameras within state rights-of-way along the highway after receiving authorization from the Texas Department of Transportation. An investigation by KUT also found that the Austin Police Department has continued to search Flock ALPR data stored by neighboring police departments in Round Rock and Sunset Valley.

Nationally, at least 61 cities have rejected the use of ALPRs, by either terminating contracts or halting further expansions of the technology, according to DeFlock

Mackenzie Rhine, a digital rights attorney and EFF board member, told the Observer that the Austin anti-ALPRs coalition is targeting other types of surveillance in the city and elsewhere—like AI-powered security cameras in parks—while also looking at taking the anti-surveillance fight to the state legislature next session.

The coalition is working to develop model state policy based off of Austin’s Transparent and Responsible Use of Surveillance Technology (TRUST) Act, which establishes a framework for how city departments adopt surveillance technologies and guides internal transparency and accountability measures, including restrictions on data retention and sharing and requirements to audit and report how such technologies are being used. 

Last session, state lawmakers took steps toward regulation of AI-powered surveillance technology in passing the Texas Responsible Artificial Intelligence Governance Act, which established the AI Advisory Council to review state agencies’ use of such tech. There were also bills filed to reign in police’s use of ALPRs, but none gained any traction. 

The coalition is now trying to expand its reach by partnering with new members who might be better positioned to communicate privacy concerns to the Republican-dominated legislature. That includes Travis County Libertarian Party Chair Austin Whaley, who, with the coalition, is considering pushing a state constitutional amendment with TRUST Act-like provisions that would require companies like Flock to consider privacy protections in their contracts, including addressing data-sharing agreements with third parties.

Despite the Kyle City Council’s vote to fund Flock cameras last week, Zapata said she’ll continue to work with like-minded representatives in other cities to combat the expansion of surveillance tech. But she also thinks that there ultimately needs to be a statewide legislative response.

“There is so much information that is collected off of these [ALPRs] that is just being funneled into big, expanding surveillance networks,” Zapata said. “It’s something that definitely has to be fought at the state level.”

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