Una juez federal bloqueó temporalmente las deportaciones expeditas (Expedited Removal en inglés) a aquellos que habían entrado al país bajo el programa de “parole”, entre ellos inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, habla durante una rueda de prensa en el edificio federal Wilshire, en Los Ángeles, California, el 12 de junio de 2025. (DHS/Tia Dufour)
El 1 de agosto la juez federal Jia M. Cobb bloqueó temporalmente la práctica de la administración Trump de llevar a cabo deportaciones expeditas (Expedited Removal en inglés) a aquellos habían entrado al país bajo el programa de “parole”.
Está misma jueza está considerando un segundo caso presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) en nombre de Make the Road New York, para frenar la expansión de las deportaciones rápidas en el país.
La decisión se produce luego de que organizaciones de defensa de los inmigrantes como Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA), the UndocuBlack Network y Community Action Stops Abuse (CASA), demandaran al Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés).
En otra demanda, las organizaciones Justice Action Center y Human Rights First están desafiando la decisión de terminar el programa de parole.
El programa de “parole”, conocido oficialmente como Proceso de Permiso de Permanencia Temporal para Cubanos, Haitianos, Nicaragüenses y Venezolanos (CHNV por sus siglas en inglés), era un permiso temporal para vivir y trabajar en el país.
Biden fue el primero en suspender el programa en agosto de 2024, alegando que los patrocinadores financieros en los Estados Unidos estaban haciendo trampas.
En marzo, la administración de Trump canceló el programa CHNV.
En junio de este año, el DHS empezó a enviar notificaciones por correo electrónico sobre el cierre del programa conocido por la palabra en inglés como “parole” o permiso de permanencia temporal para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
Luego de la decisión, se espera que el gobierno apele la decisión.
Así que para hablar sobre la decisión, el programa y su evolución en los tribunales, invitamos a Brandon Galli-Graves, abogado de Justice Action Center.
Más detalles en nuestra conversación a continuación.
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